Conexiones políticas y privatización del servicio urbano de agua en España

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El estudio de cómo individuos o empresas pueden obtener beneficios de su influencia y conexiones políticas ha recibido una notable atención en el campo de la Economía: desde las referencias en los trabajos seminales sobre la teoría de la regulación de o , hasta la evidencia más reciente aportada por . Una de las áreas donde más se ha estudiado esta relación es la privatización de la prestación de servicios públicos (). Existe abundante evidencia empírica internacional acerca de la asociación entre las conexiones políticas –como la financiación a los partidos políticos, y las prácticas de puertas giratorias– y la obtención de contratos para la gestión de determinados servicios públicos en los niveles de gobierno federal () y, también, local (). Aunque las conexiones políticas no son necesariamente prácticas ilegales –la financiación de partidos políticos por parte de empresas es legal en muchas democracias–, sí pueden afectar adversamente al bienestar social; por ejemplo, impidiendo que sean las mejores empresas las que ganen los concursos de privatización de la prestación de servicios públicos.

En el artículo ‘Weakening political connections by means of regulatory reform: Evidence from contracting out water services in Spain’ (Daniel Albalate, Germà Bel, Francisco González-Gómez y Andrés J Picazo-Tadeo, 2017. ), investigamos la posible existencia de conexiones políticas en la adjudicación de los contratos de privatización del suministro del servicio urbano de agua en España. Asimismo, evaluamos el efecto sobre tales conexiones de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos. En nuestra opinión, es razonable plantearse el estudio de la existencia de conexiones políticas en la concesión de este servicio, dados los numerosos casos de irregularidades investigados en las últimas dos décadas por los tribunales españoles; incluso, Global Water Intelligence ha publicado un monográfico sobre el caso español ().

La investigación se basa en la información recogida sobre 922 privatizaciones del servicio urbano del agua realizadas por los ayuntamientos españoles entre enero de 1984 y abril de 2018. Haciendo uso de un modelo simple de regresión logística multinomial, estudiamos los factores que afectan a la probabilidad de que Aqualia, Agbar –las dos empresas líderes del sector en España (conjuntamente abastecen el 67% de los municipios con gestión privada del servicio y el 75% de la población)–, o bien otra empresa, obtengan la adjudicación del contrato. Las variables explicativas incluyen controles habituales relacionados con las características del mercado o geográficas del municipio, entre otras, además de una serie de variables políticas. Entre estas últimas se considera el partido político en el gobierno local en el momento de la privatización –distinguiendo entre Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y un grupo que genéricamente integra al resto de partidos–; si el ayuntamiento estaba gobernado en mayoría o minoría; o si la privatización del servicio se produce en el primer mandato del partido en el gobierno municipal, o en un mandato posterior.

Los resultados obtenidos aportan evidencia empírica acerca de la existencia de una relación estadísticamente significativa entre la probabilidad de que determinadas empresas consigan el contrato de suministro urbano del agua, y el signo del partido político que gobierna el ayuntamiento cuando se toma la decisión de privatizar el servicio (ver Cuadro 1). En particular, uno de los resultados más destacados es que, una vez hemos controlado por las variables mencionadas, la probabilidad de que Aqualia gane el concurso de privatización aumenta en un 13,1% cuando el ayuntamiento está gobernado por el PP, a la vez que la probabilidad de que Agbar –principal competidor de Aqualia– sea la adjudicataria del servicio se reduce en un 15,2%. Esta relación, no obstante, desaparece a partir de 2007, después de la entrada en vigor de las dos leyes mencionadas, cuyo propósito era introducir transparencia en la gestión de los contratos públicos y en la financiación de los partidos políticos en España, respectivamente. Asimismo, la probabilidad de Agbar gane el concurso de privatización se reduce en un 9,1% cuando el ayuntamiento está gobernado por el PSOE. Finalmente, tras las reformas las pequeñas empresas del sector ganan cuota de mercado en detrimento de los dos grandes operadores, Aqualia y Agbar. Estos resultados son robustos ante diferentes especificaciones del modelo y, también, distintos tratamientos estadísticos que incluyen, entre otros, pruebas de falsación con efectos placebo.

Cuadro 1

Obviamente, la interpretación de estos resultados no debe ir más allá de la constatación de una relación estadística entre algunas de las empresas adjudicatarias de la prestación del servicio urbano de agua en España y determinados partidos políticos. Es más, bien podrían ser consecuencia de la suma de decisiones aisladas autónomas por parte de los gobiernos locales en la búsqueda de rentas u otras compensaciones; de hecho, existen numerosos casos investigados judicialmente en España sobre presuntas irregularidades en la privatización del servicio urbano del agua en municipios gobernados por diferentes partidos políticos. Sin embargo, se trata de resultados consistentes con diversas informaciones aparecidas en los medios (ver y ), que sitúan a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) –propietaria de Aqualia– como el segundo mayor donante del PP entre los años 2002 y 2009; además, es públicamente conocido que varios políticos del PP han ocupado puestos en el Consejo de Administración de FCC después de dejar sus cargos de responsabilidad política. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, ningún cargo político del PP o el PSOE ha formado parte del Consejo de Agbar.

En cualquier caso, pensamos que esta investigación debe ser interpretada, fundamentalmente, como evidencia empírica a favor de la necesidad de abordar cambios en el entorno regulatorio e institucional español, con el objetivo último de dificultar las conexiones entre empresas y partidos políticos. Una regulación más estricta de los mecanismos de financiación de los partidos –estableciendo, por ejemplo, sanciones más duras en los casos probados de corrupción–, así como la introducción de mayor transparencia en la gestión de los contratos públicos, dificultarían estrategias de búsqueda de rentas como las analizadas en el artículo. Los gobiernos y parlamentos son los responsables de promover estas reformas que, sin duda, redundarían en beneficio del conjunto de la sociedad española.

 

Hay 2 comentarios
  • El agua está sirviendo como fuente de financiación a la política desde hace mucho tiempo ya. Pero no sólo en el agua de abastecimiento, sino también con el agua embotellada y en las modernizaciones de regadío para hacer negocio tanto con las subvenciones, el cobro de facturas y el poder que conlleva tener el control del agua. Es muy triste que la población esté tan "adormecida" que no está levantándose contra lo que sigilosamente se está planeando y poniéndose en marcha. El agua no es una mercancía, es un derecho humano. Pero hemos puesto a la corrupción más psicópata a "organizar" el mercado concesional y las leyes que lo regulan. Está claro que si con el ladrillo hicieron grandes fortunas, y quebraron el país. ¡¡Con el agua van a tener a la población bajo su control y van a poner a la venta el futuro de muchas generaciones!! Pilar Esquinas.

    • Gracias por su comentario. Compartimos su opinión acerca de que, en buena medida, el agua puede ser considerada como un bien de mérito que debe contribuir simultáneamente a la consecución de objetivos económicos, medioambientales y, también, sociales. Además, el agua satisface una necesidad humana básica –es un derecho humano, como usted escribe en su comentario–, de forma que los gobiernos deben garantizar el principio de acceso universal al recurso. Más allá de estas consideraciones, permítame decirle que el propósito de nuestro post es promover la reflexión social (no el levantamiento social, como usted comenta) sobre la necesidad de abordar reformas legislativas profundas en el marco regulatorio español, que permitan acabar con estrategias de búsqueda de rentas como las tratadas en el post; seguro que de esta manera podríamos alcanzar el objetivo de acceso universal al agua de una manera más eficaz y, también, eficiente. Asimismo, también quiero insistir en que los resultados de nuestra investigación no deben ir más allá de la constatación empírica de una relación estadística entre partidos políticos, empresas adjudicatarias de la prestación del servicio urbano de agua y reformas legislativas; en este sentido, deben ser los jueces –y no nosotros, los economistas– quienes dictaminen en cada caso concreto la posible existencia de comportamientos corruptos en la gestión del agua. En cualquier caso, gracias de nuevo por su comentario.

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