Tasas judiciales y agilización de la Justicia en España

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El funcionamiento del sistema judicial es un aspecto fundamental para la actividad económica. En este blog se han mencionado ya algunos de sus efectos en la especialización productiva (aquí) y en las empresas (aquí), pero también puede afectar a la disponibilidad de crédito, al mercado de trabajo o al de vivienda. Parece evidente que la existencia de un sistema judicial eficiente y ágil es beneficioso al reducir los costes derivados del tiempo invertido en un proceso, su incertidumbre y mejorar la asignación de recursos.

Sin embargo, es habitual oír hablar de la lentitud y el atasco de los órganos judiciales, cuando apenas existen estudios que lo cuantifiquen o evalúen las reformas introducidas para mejorarlo. Este terreno está prácticamente inexplorado en España, y curiosamente, esto ocurre a pesar de la existencia de buenos y abundantes datos, que es lo que los investigadores empíricos deseamos tener a nuestro alcance cada mañana al despertarnos.

Una de las medidas que han tratado de agilizar el funcionamiento judicial en España fue la introducción de las denominadas “tasas judiciales”. Aunque desde ya existían para las personas jurídicas, en se extendieron también a las personas físicas. Esta decisión fue controvertida y originó numerosas protestas, que incluso llevaron la ley en varias ocasiones a los tribunales (ver ). Las tasas consistían básicamente en una parte fija y otra variable (dependiente de la cuantía del procedimiento). En un corto periodo de tiempo, las tasas fueron varias veces, principalmente para introducir diversas exenciones, hasta que en se eliminaron definitivamente para las personas físicas.

Pero ¿ha mejorado la introducción de las tasas judiciales el funcionamiento de la Justicia en España? La respuesta depende de varios factores.

En primer lugar, conviene aclarar cómo podemos medir el funcionamiento del sistema judicial y en qué contexto se encuentra España. La demanda de servicios judiciales se suele medir a través de dos variables: la litigiosidad (el número de casos que llegan a un juzgado dividido por la población) y la congestión judicial (una medida de eficacia judicial que relaciona los casos iniciados y pendientes con los que se resuelven).

Figura 1: Tasas de litigación (orden civil) por países

Fuente: Palumbo et al. (2013)

En la Figura 1 se observa que España es tradicionalmente un país de alta litigiosidad (). Esto no tendría por qué ser negativo, siempre que los conflictos se resolvieran de forma eficiente y ágil. Sin embargo, los datos nos indican que esto tampoco es así. El sistema judicial español tarda más tiempo que otros países en resolver los asuntos judiciales (), teniendo una de las tasas de resolución más bajas (Figura 2). En promedio, un procedimiento civil tarda entre 200 y 365 días en resolverse, cuando hay países como Luxemburgo que los resuelven en menos de 100 días.

Figura 2: Tasa de resolución y tiempo de resolución de litigios civiles y comerciales en primera instancia en 2012.

Fuente:

En segundo lugar, los efectos de las tasas judiciales son dispares en función del orden jurisdiccional o la materia de que se trate.

Utilizando datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nivel de juzgado y controlando por diversas variables, y yo misma hemos analizado cómo han afectado las tasas judiciales a la litigiosidad y a la congestión judicial en España.

En un comprobamos que, para los procedimientos civiles, la congestión se redujo tras la aprobación de las tasas de 2012. Además, la reforma afectó con mayor intensidad a las provincias que se encontraban más congestionadas antes de la reforma, reduciendo esa congestión. Los efectos, sin embargo, no fueron homogéneos y no siempre coincidían con los objetivos de la reforma. La situación económica de la provincia, por ejemplo, también era una variable que afectaba a la agilidad judicial.

Hay que tener en cuenta que no todos los procedimientos se vieron afectados de la misma forma por la introducción de las tasas judiciales. Analizando lo que ocurre por el tipo de asunto que resuelven estos juzgados, nos dimos cuenta de que en los procedimientos donde las tasas tienen mayor incidencia, en proporción a la cuantía reclamada, la congestión se ve reducida en mayor medida tras la reforma. Los asuntos verbales, por ejemplo, muestran un cociente más alto entre las tasas aplicables y la cuantía de la reclamación (muy baja en estos asuntos) y, por ello, cabría esperar que la introducción de las tasas desincentivara en mayor medida estos asuntos. Efectivamente, esto es lo que vemos con los datos en el Cuadro 1: su tasa de congestión se reduce significativamente y en mayor medida que otros asuntos como los ordinarios tras la reforma de 2012.

Cuadro 1: Principales resultados de la estimación de las tasas judiciales de 2012 sobre la litigiosidad y la congestión en lo civil 

En un segundo analizamos otro medida que podía afectar también al funcionamiento de la administración de justicia: la introducción de las costas procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa, según la cual el perdedor del litigio pagaría los costes de funcionamiento del proceso (conocida como “regla británica” atenuada. Esta reforma se introdujo a través de la , de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal). Esto tuvo un efecto de agilización en ese orden jurisdiccional al reducir las tasas de congestión de estos juzgados.

Por tanto, podemos decir que la carga de los juzgados en España se alivió ligeramente tras la introducción de las tasas judiciales. Sin embargo, los efectos distan mucho de ser uniformes o tan significativos como en otros países al ponerse en práctica reformas similares (por ejemplo, en Italia). Nos surgen más preguntas acerca de la efectividad de este tipo de medidas sobre las que trataremos de seguir investigando.

 

 

Hay 2 comentarios
  • A lo mejor me he despistado pero ...¿no es importante saber el numero de habitantes por juez si se quiere valorar la eficiencia de la justicia entre países?...¿Cuantas personas trabajan junto al juez?....etc

    Quizás haya soluciones mas interesantes para reducir las congestiones de los juzgados que la de recurrir a espantar a la gente con tasas.

    • Pedro, la tasa de litigación ya tiene en cuenta la población (en nuestro artículo usamos el número de casos que llegan a los juzgados de una provincia dividido por la población de esa provincia). En el artículo me refiero a la eficacia judicial. La eficiencia tiene también en cuenta los recursos disponibles (recursos humanos, dotación presupuestaria, nuevas tecnologías...). España es uno de los países con un mayor número de personas de apoyo a un juez (según el útlimo informe de CEPEJ sober eficiencia judicial), que dedica un mayor presupuesto a esta materia en proporción al PIB, algo que prácticamente no ha cambiado en los últimos años, y se encuentra en una buena posición si se considera el presupuesto por habitante. Los datos de CEPEJ:

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