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El acuerdo PSOE-C’s: la inoportuna derogación de la reforma de la negociación colectiva


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Por Samuel Bentolila y Marcel Jansen

En una entrada anterior ofrecimos evidencia sobre la reciente evolución de la negociación colectiva en España. La entrada sirvió, entre otras cosas, para desmentir el supuesto derrumbe de la cobertura de la negociación colectiva tras la reforma laboral de 2012. Nuestro objetivo hoy es analizar entre el PSOE y Cuidadanos en materia de negociación colectiva. Esta entrada es un aviso a navegantes. El acuerdo corrige algunos excesos de la reforma de 2012, pero no se queda ahí. Deroga el núcleo de la reforma y con ello pasos valientes en la dirección adecuada, y no contempla ninguna medida para culminar la necesaria modernización de nuestro sistema de negociación colectiva.

Las tareas pendientes

 La reforma laboral de 2012 mejoró aspectos fundamentales de la regulación de la negociación colectiva. En el nuevo marco, los convenios han dejado de ser fuente de derecho. Los convenios tienen duración limitada y las empresas tienen la opción de desvincularse de los convenios de sector a través de un convenio propio, que predomina sobre los convenios de ámbitos superiores en materias clave como los salarios. Sin embargo, la transformación de los convenios de normas con rango de ley en contratos colectivos es incompleta: los convenios siguen siendo de aplicación obligada para todas las empresas que no cuenten con convenio propio. Además, la deficiente redacción en la reforma de la ultraactividad y algunos excesos, como los cambios unilaterales de salarios, hubieran causado la desprotección de los trabajadores sin la intervención de los jueces. En ambos casos es aconsejable que el Estatuto de los Trabajadores (ET) refleje las decisiones tomadas por los jueces para reducir la inseguridad jurídica y restablecer un equilibrio adecuado del poder relativo de empresas y trabajadores. ¿Cuáles son entonces las tareas pendientes?

El acuerdo PSOE-C’s

La introducción de un sistema de eficacia limitada con opting-in equipararía nuestro sistema al de muchos países europeos, pero medidas de esta índole parecen inasumibles para el PSOE. Dada esta posición, un acuerdo razonable podría haberse limitado a incluir enmiendas que corrigiesen los errores y excesos mencionados anteriormente. Pero por desgracia el acuerdo del PSOE y C’s no se queda ahí. El acuerdo propone la derogación de los aspectos fundamentales de la reforma de 2012, como lo muestra el listado de medidas propuestas:

  1. Supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior. En materia de jornada y salario base cuando exista regulación contenida en el nivel sectorial superior al de empresa no podrá alterarse −a salvo de los procedimientos de descuelgue establecidos−. No obstante en el resto de las materias la preferencia residirá en el ámbito de la empresa.
  2. Mantenimiento de la ultraactividad de los convenios durante el periodo de renegociación y establecimiento de un periodo máximo de 18 meses, durante el cual deberá acudirse a resolver las discrepancias en un procedimiento arbitral.
  3. En el caso de la modificación de la estructura y cuantía del salario, el procedimiento que permite al empresario la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual y colectivo se aplicará por una cuantía máxima del 5% y por un período máximo de 12 meses, tras el cual deberá demostrarse de nuevo la causa por el empresario y negociarse con un nuevo período de consulta.
  4. Supresión del arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en los procedimientos de inaplicación (“descuelgues”) de los convenios colectivos. Si no se alcanza acuerdo tras el período de consulta se ha de acudir a un procedimiento arbitral según el procedimiento de los acuerdos estatal o autonómicos de solución de conflictos.
  5. Desde la consideración de que la ordenación de la estructura de la negociación colectiva corresponde a la autonomía colectiva, el ámbito provincial de la negociación colectiva sectorial debe ser superado.
  6. El mantenimiento de la configuración legal del convenio colectivo de eficacia general debe acompañarse de mecanismos efectivos de adaptación negociada a las necesidades reales de las empresas.

El problema está en las primeras dos propuestas. El resto de las propuestas son razonables (3 y 4) o declaraciones de intenciones que han aparecido en acuerdos anteriores sin haber resultado en cambios significativos (5 y 6).

La restricción de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa desincentiva la firma de estos convenios y elimina de golpe el efecto disciplinador que estos convenios puedan ejercer sobre las organizaciones que negocian los convenios de ámbito superior. Sabiendo que las empresas tienen la opción de firmar un convenio de empresa con condiciones menos onerosas, los interlocutores sociales tienen incentivos para firmar acuerdos asumibles que reflejen los intereses de una alta proporción de las empresas y los trabajadores en el ámbito del convenio.

Los detractores de la prioridad aplicativa “absoluta” argumentarán que tal norma provoca competencia desleal basada en salarios bajos, pero hay que recordar que en muchos países europeos las empresas tienen derecho a no adherirse a ningún convenio. Al contrario, la firma de un convenio de empresa está sujeta a la negociación entre la empresa y los representantes legítimos de los trabajadores, y la teoría económica sugiere que la negociación de empresa suele ser más eficiente. A este nivel es más fácil negociar sobre salarios y (el mantenimiento del) empleo a la vez, mientras que la negociación de los convenios de ámbito superior suele limitarse a estipular las condiciones económicas, dejando a las empresas la decision sobre el nivel de empleo (en jerga, efficient bargaining vs. right-to-manage). En otras palabras, en un marco de eficacia general se debería permitir la búsqueda por parte de las empresas y sus trabajadores de acuerdos mutuamente beneficiosos, aunque estos incluyan condiciones menos favorable en dimensiones como los salarios o las horas.

Los cambios en la ultraactividad son igualmente profundos y equivocados. Se puede discutir si el período óptimo de ultraactividad es de 12 o 18 meses (o de cero días, como en Holanda), pero el problema está en la imposición de un laudo arbitral. Estamos ante una reintroducción encubierta de la duración ilimitada de los convenios, por norma en vez de por la voluntad expresa de las partes, y la supresión de un plumazo de la contractualización de los convenios expirados cuando esta solución es la norma en el resto de Europa. La solución propuesta cambia la congelación salarial del sistema de ultraactividad ilimitada de antes de la reforma de 2012 por un laudo arbitral obligatorio. Es probable que los laudos arbitrales generen ajustes más rápidos a cambios en la situación macroeconómica que la ultraactividad ilimitada de antes, pero su imposición cambia los puntos de referencia en caso de desacuerdo (threat points) en la negociación –laudo arbitral en vez de supresión del convenio– y no permite la contratación de nuevos trabajadores a costes menores, lo que debilita los ajustes en comparación con el marco actual de ultraactividad limitada. Y más importante, la propuesta no respeta la voluntad de las partes. Si las dos partes que firman un convenio lo desean, pueden estipular el procedimiento para la resolución de los conflictos en el propio convenio.

En suma, el acuerdo entre el PSOE y Cuidadanos deroga el núcleo de la reforma de la negociación colectiva y devuelve a las cúpulas sindicales prácticamente todo el poder que estas habían perdido tras la reforma de 2012 sin contemplar medidas para culminar la modernización de nuestra sistema de negociación colectiva. Estamos pues ante un claro retroceso que reintroduciría algunas de las rigideces que tanto daño nos han hecho durante la crisis. Puede parecer injusto analizar el acuerdo en una sola materia, pues cada parte habrá cedido más en unos aspectos y menos en otros. Sin embargo, pensamos que esta dimensión es absolutamente crucial, dado que los cambios propuestos se volverían irreversibles durante mucho tiempo, situando a las empresas españolas en un marco relativamente rígido en comparación con el de otros muchos países. De hecho, incluso si el acuerdo no se pusiera en práctica, podría condicionar el contenido de acuerdos futuros. Es mejor no ir por ese camino.