- Drugevijesti - https://drugevijesti.info -

La reforma laboral por entregas

En tiempos fue común ir publicando novelas por capítulos. Excelentes autores de novelas por entregas fueron Pérez Galdós y Dickens. De este último dice la Wikipedia que “cada nueva entrega de sus historias era esperada con gran entusiasmo por sus lectores, nacionales e internacionales”. La reforma laboral también se está haciendo pública por entregas. La última, que ha despertado gran interés aunque no entusiasmo, es un bodrio desde el punto de vista literario, pero contiene algunas buenas ideas, otras discutibles y algún cadáver bien muerto.

Empezando por la forma, el texto está mal escrito (hay erratas, faltas gramaticales, frases inconexas, etc.). Parece el producto de manos menos diestras que las de la entrega anterior, comentada en otra entrada de este blog. De nuevo la ambigüedad y el fárrago se dan especialmente en las áreas que seguramente estén menos acordadas con los agentes sociales. Y de nuevo esa ambigüedad hace aventurada la evaluación, así que tómese lo siguiente con cautela. Voy a comentar principalmente las novedades.

Una excelente noticia es que el Gobierno se propone “igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias” para el contrato indefinido de fomento del empleo. Como expliqué en otra entrada, en el kafkiano mundo de la legislación laboral española, las empresas minimizan sus costes de despido usando la figura en principio más costosa de todas, el despido disciplinario improcedente de 45 días, porque la ley (45/2002) permite a la empresa eludir ir a juicio y ahorrarse así otros elevados costes procesales del despido por causas económicas. Fijar el coste de ese tipo de despido para el contrato de fomento en 33 días, en las condiciones de la ley 45/2002, supondría un apreciable aumento de flexibilidad. En lo que sería un cambio radical con respecto a la situación actual, en que el contrato de fomento supone solo el 17% del flujo de contratos, creo que se iría al uso casi exclusivo de este contrato, de forma que los contratos ordinarios de 45 días se irían extinguiendo vegetativamente. Se menciona también la extensión del contrato de fomento a nuevos colectivos de trabajadores, presumiblemente varones de 31 a 44 años, que tiene mucho sentido. De hecho, este contrato se debería aplicar a todos los trabajadores y dejar de ser “de fomento del empleo”.

Con respecto al contrato indefinido se propone además (como anunció la prensa hace poco y discutió en este blog Luis Garicano) la adaptación a España del modelo austriaco, por la que parte del coste de despido se abonaría con cargo a un fondo individual que se nutriría de las cotizaciones de los empresarios. El modelo austriaco tiene la ventaja de fomentar la movilidad de los trabajadores (que no pierden derechos de indemnización si cambian de empleo voluntariamente) y reduce el coste de despido en el momento en que éste se produce, pues la parte correspondiente se ha convertido en un flujo abonado con anterioridad por la empresa. Ésta podría ser una buena idea, pero su bondad dependerá crucialmente de qué valor se fije para la parte del coste que se convierte en flujo, el tipo de cotización para cubrir ese riesgo, etc. No es posible valorar la aplicación a España sin conocer estos parámetros.

Llama la atención que se proponga que el Estado se haga cargo de parte de los costes de despido. Una empresa que despide a un trabajador ocasiona una externalidad (un efecto negativo) sobre el resto de la sociedad, para empezar porque el trabajador normalmente cobrará prestaciones por desempleo. El coste de despido ayuda a que la empresa tenga en cuenta (“internalice”) ese efecto externo que causa. Si el Estado subvenciona los despidos, los estará fomentando. En la propuesta del Gobierno se dice que sería “con carácter transitorio y excepcional”. Además podría entenderse como un gasto transitorio justificado por las ganancias de eficiencia que se conseguirían gracias a la implantación del sistema austriaco. Pero en España las medidas transitorias tienden a volverse permanentes y la situación presupuestaria del Estado no permite ninguna alegría. Así que habría que asegurarse de que la contribución pública es transitoria y calcular el importe que supondría. Cabe especular que si se implantase conjuntamente con la reducción a 33 días de la indemnización por motivo disciplinario y este motivo no se cubriese por el fondo de indemnizaciones, entonces el coste podría no ser muy alto. Pero entonces se perdería buena parte de las ventajas del sistema. Este tema merece una entrada del blog propia en un futuro cercano.

Otra buena noticia es que el Gobierno considera “no aconsejable (…) en una coyuntura económica como la actual” desincentivar la contratación temporal subiendo la indemnización por fin de contrato o la cotización por desempleo. Como indicamos en una entrada del año pasado Juanjo Dolado y yo, esta medida sería perjudicial actualmente para la recuperación del empleo. La lucha contra la dualidad se sitúa, en esta última propuesta, en desvincular los contratos de obra o servicio de la actividad habitual de las empresas (¿?), establecer duraciones máximas para estos contratos y dar más facultades a la negociación colectiva para limitarlos (amén de otros brindis al sol habituales). La cara negativa de este aspecto es que estas medidas por sí solas no darán lugar a una reducción sustancial de la temporalidad. Como los lectores de este blog ya saben, la única solución efectiva sería el contrato único propuesto en el Manifiesto de los 100 y ahora apoyado por el Fondo Monetario Internacional.

Los otros puntos de la propuesta son menos novedosos: fomentar la contratación a tiempo parcial, desplazar las bonificaciones a la contratación indefinida de jóvenes y parados mayores de 45 años, mejorar los servicios públicos de empleo y autorizar las agencias privadas de colocación. En referencia al segundo punto, sabemos ya por la experiencia española que las bonificaciones no sirven para crear empleo neto. El último punto, que es muy buena idea, empieza a ser urgente, pues las agencias de colocación ya operan en internet y aparentemente discriminan a sus clientes (buscadores de empleo) en función del precio que paguen, según una información de El País. Igualmente, se habla de la evaluación rigurosa de las políticas pero, por más que parezca absolutamente esencial, suena a otro brindis al sol.

Por último, la economía política. Es muy bueno que el Gobierno nos haya informado de cómo van las negociaciones. Esto nos permite saber, opinar y actuar. Aunque imagino que su motivo para hacerlo es en realidad estratégico y la mala recepción por parte de los sindicatos parece confirmarlo. Cándido Méndez, líder de UGT, ha declarado que la negociación de estos temas “va a exigir un esfuerzo muy importante por parte de la patronal y, sobre todo, por parte del Gobierno, que deberá reorientar algunas de sus propuestas". Más bien parece que quienes deberían hacer ese esfuerzo son los sindicatos. Tal y como están las cosas, si no lo hacen, el Gobierno tendrá que adoptar medidas unilateralmente.