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La reforma laboral y la productividad

En mi primera entrada de evaluación de la reforma laboral de 2012 destaqué un aspecto positivo: la reducción de los costes de despido en los contratos indefinidos seguramente contribuya a elevar la tasa de crecimiento de la productividad (por cierto, la evaluación completa de la reforma aparece como capítulo 2 del reciente documento de Fedea, coordinado por Luis Garicano, sobre los 100 días del nuevo Gobierno). Varios comentarios de los lectores a aquella entrada cuestionaban la relación entre la protección del empleo (vulgo costes de despido) y la productividad, por ejemplo este. Aunque di algunas respuestas sobre la marcha, hoy retomo el asunto.

Reproduzco varios párrafos de un artículo de Andrea Bassanini, Luca Nunziata y Danielle Venn, economistas de la OCDE, en que se evalúa el efecto de la legislación sobre el despido en el crecimiento de la productividad.

El impacto de la legislación de protección del empleo (LPE) sobre la eficiencia técnica de la producción es un asunto poco claro. La literatura teórica se centra casi exclusivamente en el papel de las restricciones al despido, prestando poca atención a la regulación de los contratos temporales. Regulaciones del despido restrictivas elevan el coste de despedir, por lo que reducen el umbral de productividad por debajo del cual las empresas están dispuestas a despedir. Además, hacen a las empresas reacias a contratar si esperan realizar variaciones futuras del empleo importantes. Como tal, la LPE dificulta que las empresas puedan reaccionar a cambios rápidos de la tecnología o la demanda que requieran una reasignación o una reducción del empleo, haciendo así más lentos los flujos de trabajo hacia nuevas empresas, sectores o actividades con mayor productividad.

En un marco de equilibrio general, Hopenhayn y Rogerson (1993) muestran que la distorsión creada por las restricciones al despido lleva a las empresas a usar los recursos menos eficientemente. El resultado es que los niveles de empleo se ajustan más despacio y la productividad cae. Bertola (1994) presenta un modelo de crecimiento en que la protección del empleo reduce el rendimiento de la inversión y la acumulación de capital. Samaniego (2006) destaca el papel de la composición sectorial. En un modelo de generaciones de capital, las empresas optimizan reduciendo su empleo a medida que se van alejando de la frontera tecnológica. En consecuencia, las restricciones al despido son más costosas en los sectores caracterizados por un progreso tecnológico más rápido, como las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los países cuyas regulaciones son más restrictivas tenderán a especializarse en sectores con progreso tecnológico más lento. Por último, Poschke (2007) destaca el papel de los costes de despido en la selección de las empresas más eficientes y la decisión de cerrar de las empresas menos productivas, si las empresas que cierran no pueden evitar pagarlos.

Otro mecanismo a través del cual la LPE puede afectar a la productividad es a través del nivel de riesgo que están dispuestas a aceptar las empresas. Saint-Paul (2002) defiende que los costes de despido pueden inducir innovaciones secundarias, las que mejoran productos ya existentes, en vez de introducir otras más arriesgadas. De forma parecida, Bartelsman et al. (2004) sugieren que regulaciones del despido restrictivas pueden desanimar a las empresas a experimentar con nuevas tecnologías, que se caracterizan por tener altos rendimientos pero también más varianza, a fin de evitar el riesgo de pagar costes de despido altos. Proporcionan también algunos sugerentes resultados coherentes con su hipótesis, mostrando que la dispersión en el nivel de la productividad de las nuevas empresas y de las empresas que cambian su tecnología es mayor en Estados Unidos que en Alemania.

La protección del empleo puede también afectar a la productividad mediante la reducción del esfuerzo de los trabajadores porque hay una menor amenaza de despido en respuesta a un bajo rendimiento laboral o al absentismo. Ichino y Riphahn (2005) proporcionan una estimación empírica de este efecto en una muestra de trabajadores no manuales en Italia, encontrando que el aumento de la seguridad en el empleo causado por el final del periodo de prueba induce un aumento significativo del absentismo. Riphahn (2004) obtiene resultados parecidos con datos de Alemania.

Por otra parte, como defiende Koeniger (2005), la regulación del despido podría alentar inversiones que eleven la productividad de las empresas a fin de evitar reducir su tamaño. El efecto neto sobre la innovación agregada es sin embargo incierto, pues las regulaciones restrictivas también pueden desanimar la creación de empresas innovadoras. Belot et al. (2007) proponen un marco teórico en el que, a través de la provisión de más seguridad en el empleo, la protección contra el despido puede elevar los incentivos de los trabajadores para aumentar su capital humano específico de empresa, lo que aumenta la producitividad. No obstante, hay una disyuntiva entre los efectos positivos inducidos por esta vía y los costes creados por el coste de despido al destruir empleos.

Por tanto, se puede identificar un nivel estrictamente positivo de seguridad en el empleo, que puede depender de otras instituciones que regulen la rigidez salarial y los mecanismos de redistribución. En este marco de análisis, la ganancia de la desregulación del mercado de trabajo puede ser mayor para niveles iniciales más restrictivos de LPE. Hay argumentos parecidos en Soskice (1997) y en Hall y Soskice (2001), que comparan el perfil de la innovación en Alemania con el del Reino Unido y Estados Unidos. Mientras que Alemania se especializa principalmente en innovaciones incrementales, el Reino Unido y Estados Unidos se especializan en tecnologías radicalmente novedosas. Estos dos modelos requieren regulaciones laborales distintas; relaciones estables y cooperativas entre empresarios y empleados favorecen la senda incremental.

Haucap y Wey (2004) proporcionan implicaciones de política económica similares al discutir los efectos de los distintos regímenes de negociación colectiva sobre la innovación, sugiriendo que existe una disyuntiva potencial entre el empleo y la productividad en el diseño de instituciones laborales. Sin embargo, como sugiere Wasmer (2006), al inducir la sustitución de cualificaciones generales por cualificaciones específicas, las restricciones al empleo pueden tener un efecto negativo sobre la productividad en presencia de grandes shocks, cuando se necesita reasignar trabajadores entre sectores, lo que deja obsoletas las cualificaciones específicas. Por último, si la LPE restrictiva eleva los salarios de reserva, la productividad media puede subir simplemente porque las empresas se vuelven más selectivas y los emparejamientos menos productivos no se producen (Lagos, 2006).

Fin de la cita. Esta útil enumeración de efectos revela cómo la respuesta de los trabajadores y las empresas ante los incentivos que crean las instituciones laborales puede tener efectos insospechados, a menudo de signo contrapuesto sobre la misma variable y cuya naturaleza causal es a menudo difícil de establecer.

En su exposición se mencionan tanto efectos sobre el nivel de la productividad como sobre su tasa de crecimiento; la segunda es la más importante y ha venido cayendo en la economía española desde 1995. En todo caso, los autores analizan el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) con datos de entre 11 y 16 países (entre ellos España) y 19 sectores en el periodo 1982-2003. Encuentran un efecto negativo de los costes de despido de los contratos indefinidos sobre ese crecimiento, lo que hace esperar que la reducción de esos costes en la última reforma laboral ayude a elevar nuestra maltrecha productividad, de forma estructural.

Esto no quiere decir que por sí sola la reforma laboral vaya ser suficiente para alcanzar buenos niveles de crecimiento de la productividad. Sin ir más lejos, la reforma ni aborda la temporalidad --que reduce la productividad-- ni puede suplir a una mejora de la política de competencia --que estimula la productividad--. Además, la innovación es un proceso que exige inversiones en capital humano e infraestructuras y, en la parte que depende del sector público, los presupuestos generales del Estado para 2012 van en sentido opuesto.