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Instituciones prescindibles: los CES

CES es el acrónimo de Consejo Económico y Social, ente de derecho público de los cuales hay uno nacional y 17 autonómicos en nuestro país. El CES nacional fue creado en 1991 para reforzar la participación de sindicatos, patronal y otras organizaciones relevantes en la vida económica y social. Su función era la de servir como plataforma institucional de diálogo y deliberación (backoffice) de una amplia variedad de organizaciones socio-profesionales, además de tener una función consultiva en relación con la actividad normativa gubernamental en este tipo de materias.

Todos estos principios de actuación están muy bien, pero ¿han oído nuestros lectores la opinión de los CES durante la larga travesía por el desierto que comenzamos a finales de 2008? Mi impresión es que apenas, y eso que el dialogo social que precedió a las reformas laborales de 2010, 2011 y la nueva de 2012 se extendió durante casi 4 años sin resultado apreciable, como bien demuestran las acciones legislativas finalmente unilaterales por parte del anterior y nuevo Gobierno.

El presupuesto del  CES nacional en 2011 fue de 10 millones de euros, de los cuales cerca del 77% procede de las aportaciones del Estado y el resto de remanentes de tesorería (21%) y otras pequeñas partidas de ingresos. De acuerdo con los recién presentados presupuestos de 2012, el sueldo de su actual Presidente es de 85.000 euros, el cuarto más elevado entre los altos cargos de los órganos consultivos, tras los de los responsables del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Fiscal General del Estado. Una búsqueda por , también permite conocer los presupuestos de bastantes de los CES autonómicos en 2010 o 2011: 2,0 m. en Andalucía, 3,0 en Cataluña, 1,0 en Canarias, 1,0 en la Comunidad Valenciana, 1,8  en Castilla y León, 0,5 en Extremadura y 1,6 en el País Vasco. En su conjunto, mi estimación de la cuantía presupuestaria anual de los 18 CES (nacional + autonómicos) es de 25 m. de euros.

En 2005 fui nombrado consejero del CES nacional por parte del Gobierno, dentro del denominado “grupo de expertos”. Las estructura de dicho CES está compuesta por el Presidente y 60 consejeros designados por el gobierno a propuesta de los agentes sociales: (i) 20 integrados en el Grupo Primero (representantes de organizaciones sindicales en proporción a su representatividad); (ii) 20 en el Grupo Segundo  (representantes de organizaciones empresariales, también en proporción a su representatividad); y (iii) 20 en el Grupo Tercero (14 en representación de organizaciones agrarias, marítimo-pesqueras y consumidores y usuarios, más 6 expertos a propuesta de los Ministerios de Economía y Empleo-Seguridad Social). Los mandatos son de 4 años, por lo que cesé en mis funciones en 2009.

Mi experiencia en el CES durante estos años solo cabe caracterizarla como frustrante. En el grupo de expertos entonces nombrados (que fueron 5 en vez de 6) estábamos dos catedráticos de Derecho Laboral, uno de Filosofía del Derecho y dos de Economía (alguien que colabora asiduamente en Drugevijesti y yo mismo). Cuando nos lo propuso el entonces Secretario de Estado de Economía, David Vegara, a ambos nos pareció una tarea extremadamente interesante pues suponía una gran oportunidad de conocer los entresijos del dialogo social, algo siempre interesante para aquellos que nos dedicamos a la investigación académica en economía laboral. Pronto descubrimos la auténtica realidad de las cosas.

En primer lugar, la remuneración consistía en dietas por asistencia a las reuniones de las diversas comisiones. El resultado de este sistema de incentivos era fácilmente previsible: una inflación de reuniones inútiles (algunas pocas útiles). Por ejemplo, tras prometer nuestros cargos, las primeras reuniones que tuvimos eran para establecer los calendarios de las siguientes, sin contenido adicional y así sucesivamente. Dado que el coste de oportunidad de mi colega economista era alto, pues vivía lejos de Madrid, dimitió al mes de tomar posesión sin que nunca se produjera su sustitución. Las reuniones siempre funcionaban de la misma manera: cualesquiera que fueran los temas analizados en los dictámenes o propuestas de informes independientes, los representantes sindicales siempre exigían políticas de género y planes de formación y protección medioambiental, mientras que los representantes empresariales sistemáticamente solicitaban reducción de impuestos.

En segundo lugar, recuerdo con amargura las agrias discusiones en las reuniones del Grupo Tercero (supongo que sería similar en los otros dos grupos) sobre las cuotas presenciales en las amplias delegaciones que acompañaban al Presidente en sus viajes de representación del CES a lo largo y ancho de este mundo. Pasarse unos cuantos días en Jordania, Marruecos o Perú para exponer la visión de los diferentes grupos (como si el Presidente no pudiera hacerlo por si solo) convertían al CES en una gran agencia de viajes a cuenta del contribuyente. Y qué decir de  los cursos de verano en El Escorial y Santander para presentar las Memorias Anuales, donde una gran parte de la audiencia eran los propios consejeros del CES y miembros de su gabinete técnico. Respecto a este último, sí que es justo decir que, formado por un pequeño grupo de economistas, abogados y sociólogos, su tarea era magnífica pues, obviamente, no solo redactaban los dictámenes sino que elaboraban buenas memorias anuales y otros documentos y revistas. No obstante, cualquiera de las tareas que realizaban bien pudiera haberse externalizado a expertos externos sin menoscabo de su calidad. Hablando de expertos, participé en varios comités de premios otorgados por el CES. La elección de los miembros de los jurados, aparte de aquellos que eran consejeros, siempre venía condicionada por la aquiescencia de patronal y sindicatos, con sus cuotas correspondientes de expertos “independientes”, lo que pueden imaginarse tenía gran impacto sobre la elección de los temas y personas premiadas.

Desconozco cómo funcionan los otros CES si bien, al vivir en Madrid, tengo alguna información sobre dicha institución en esta comunidad autónoma. Además de los escándalos que han surgido por el tratamiento de ciertos  o por las peticiones de su actual Presidente de tener dos chóferes a su , lo realmente sorprendente es la composición de su grupo de : todos con ideología afín a la de la presidencia regional y ningún representante de aquellos centros de investigación y universidades en Madrid que se consideran más prestigiosos en los rankings internacionales sobre investigación en materias económicas.

La conclusión de todo ello quizás pueda resumirse en el : “El Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha presentado en rueda de prensa… las medidas que incluye este Plan. Entre ellas, ha anunciado que hasta que la coyuntura económica de Cantabria no vuelva a ser buena, habrá una suspensión temporal del CES.”