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En el Pleistoceno de las políticas de empleo

evolucion

Esta entrada es una carta abierta a nuestros gestores del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Se que nos leen. Nos lo hicieron saber en múltiples ocasiones a lo largo de los casi seis años de recorrido de nuestro blog.  (Con poca humildad por mi parte) creo que les hemos servido de referencia, aunque a mi gusto nos hayan hecho poco caso. El blog nos ha permitido dar a conocer nuestras preocupaciones sobre temas a los que hemos dedicado años de estudio e investigación. Hemos puesto temas sobre la mesa y nos hemos atrevido a hacer propuestas, a través del blog y de Fedea.  Cierto que nos reconozco en las motivaciones de algunas reformas (como la laboral, la educativa o la de pensiones, por poner unos ejemplos).  Varias de nuestras propuestas llegaron incluso a adoptarse (en la oposición) aunque luego se desecharan  por arriesgadas o políticamente incorrectas, o simplemente se pasaron a disposiciones finales, la papelera de las leyes.  Entra dentro de lo normal. Como decía recientemente un admirado y dolido comentarista del blog: "A ver si va a resultar que somos los economistas (o algún economista en concreto) los que dicten la política económica".

Además, muy probablemente hayamos pecado de soberbia para unos, y no hayamos pensado en términos de "second best", internalizando las presiones con las que se hay que enfrentar cuando se ocupa un cargo de gestión púbica.

Bien. No estamos para hacer la política económica, desde luego. Pero, nuestra formación y dedicación a unos temas nos permiten realizar sugerencias de mejora, direcciones por donde se puede avanzar y en ocasiones pegar un par de gritos al cielo. De hecho, no sólo me parece un derecho de los académicos, sino una obligación. Claro que los gestores también están en su derecho de informarse de los resultados de nuestras investigaciones, pero creo que deberían estar en la obligación de poner a disposición de la academia los datos que necesitan para estas investigación, datos que por otra parte deberían de ser públicos, al igual que ocurre en los países avanzados.

Un campo claro, en este sentido, es el de las políticas activas del mercado de trabajo. Al margen de las reformas de la regulación laboral, sabemos que son uno de los escasos instrumentos que tienen los gobiernos para intervenir directamente en el mercado de trabajo. La teoría nos dice que, a priori, deben mejorar la empleabilidad de sus beneficiarios, pero que también pueden tener efectos perversos, de tal forma que en balance puede que no tengan efectos significativos sobre el empleo (recuerden esta entrada de Samuel y Marcel)

Lo cierto es que en países con menores problemas de desempleo y de competencias educativas de su población adulta, se gastan muchísimo más en políticas activas, no sólo por parado, sino también sobre el PIB. Quiere decir que tienen fe en ellas, pero esta fe no es puramente ideológica, sino que se ha ido fundamentando en procesos de evaluación, con criterios de eficacia y de eficiencia. No se trata de desechar a la primera las que parecen no tener los resultados esperados, sino en muchas ocasiones de reorientarlas a determinados colectivos, combinarlas y completarlas con los instrumentos de apoyo. Para ello, la mayoría de estos países han seguido un camino que nosotros apenas hemos iniciado.

Nosotros  acabamos de superar el Paleoceno de las políticas activas. En esa era, el gasto que se les destinaba ni tan siquiera se fiscalizaba. Ahora parece que si, y por eso surgen en cadena escándalos de fraude masivo en los cursos de formación, por ejemplo.  Ya estamos en el Pleistoceno,  pero para superarlo hay que distinguir entre la fiscalización y evaluación de impacto.  Sin ésta última, las políticas activas sólo pueden ser eficaces por milagro, y lo normal es que se tienda a desecharlas sin intentar explicar por qué parece que no han funcionado.

No es de recibo que España no disponga aún a estas alturas de un modelo de perfilado estadístico de sus parados, tanto a nivel estatal como en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas. Es decir, un modelo que nos permita clasificar las personas desempleadas en función de su grado de empleabilidad, ya sea en términos de salida del paro o de probabilidad de encontrar un empleo en una ocupación deseada. Clasificación que debe utilizarse para evaluar dónde están sus carencias y poder atenderlos de la forma más adecuada.  No se entiende cómo se puede hablar de cooperación público-privada en la colocación sin este perfilado. Esta cooperación está condenada al fracaso si no se tiene una base para fijar objetivos y tarifas. Sin este perfilado, tampoco resulta factible una buena evaluación de las políticas activas (que mejore las carencias antes mencionadas). Tampoco se entiende cómo se pueden proponer itinerarios individualizados que sirvan para algo. Son muchos los países que (escribiremos pronto una entrada sobre esto) disponen de este perfilado como instrumento básico para la gestión de sus políticas activas, y lo han ido mejorando con el paso del tiempo. Nosotros ni tan siquiera hemos empezado.

Si se quiere salir del Pleistoceno, no nos podemos contentar con haber definido hasta 60 indicadores con el fin de repartir los recursos destinados a las políticas activas entre las CCAA en base a una buena gestión de los recursos. Estos indicadores son propios de esta era geológica. No tienen nada que ver con los criterios mínimamente exigibles para hacer una evaluación, solo introducen ruido, para que la asignación siga siendo igual de primitiva. Por otra parte, la falta de transparencia (¿Dónde están los resultados de estos indicadores?) hace aún menos creíble que la reciente reforma de las políticas activas se concrete solo sobre el papel.

Para avanzar por el buen camino, igual que los demás, habrá que asumir que las políticas activas no funcionan sin una buena inversión en formación de orientadores. No se como se puede explicar que a estas alturas el número de orientadores en España sea menor que antes de la crisis, habiendo casi triplicado el número de parados.

En los países más avanzados, por ejemplo en EEUU, también se han dado cuenta que las políticas activas (en especial, la formación) no funcionan sin que sus beneficiarios dispongan de información sobre su rentabilidad, haciendo pública la lista de los centros proveedores de formación más eficaces . En España apenas hemos roto el monopolio de las subvenciones a los proveedores. Ya no sólo van destinadas a los agentes sociales y económicos. Bien. Pero evidentemente, no es suficiente. Habría que preguntarse por qué los países más avanzados que nosotros en términos de formación para el empleo prácticamente no subvencionan a estos proveedores, sino que transfieren directamente los recursos hacia los beneficiarios. Queda mucho por hacer para cambiar este modelo de financiación, y sólo será eficaz cuando los proveedores compitan realmente entre ellos para mejorar su calidad. No esperemos que sean ellos que faciliten esta información. De nuevo, habrá que evaluarlos.

No consigo entender como se pudo tardar tanto en disponer de un portal de empleo público, y podemos dudar que se haya hecho la inversión necesaria para que funcione correctamente, y se pueda aprovechar para entender mejor como se producen los emparejamientos, y sobre todo para detectar en tiempo real las necesidades de formación y otras características demandadas por los empleadores.

Todas estos pasos son ineludibles. La tecnología y los datos están ahí, pero además es necesario realizar un análisis científico y riguroso de los mismos. En este blog, llevamos reiterando hasta la extenuación la necesidad de poner a disposición de la academia los datos para hacer funcionar la inteligencia colectiva. Esta inteligencia también está ahí, esperando.

Desde Fedea llevamos más de un año negociando un par de bases de datos para que estén a libre disposición de la academia.  El objetivo es que podamos entre todos contribuir a que mejore nuestro conocimiento de cómo funciona el mercado de trabajo y sigamos el camino de los países más avanzados en materia de evaluación. Esta también es labor de Fedea. Una de estas bases de datos se debe construir con los registros del SEPE y es necesaria para hacer el perfilado y la evaluación de las políticas públicas. Otra es un panel de empresas-trabajadores con los datos de afiliación a la Seguridad Social, y todos los que tienen algo de conocimiento de Economía Laboral entenderán rápidamente la importancia que puede llegar a tener para más de una década. Estamos persuadidos de que permitirán dar un salto enrome en la contribución de la academia para la mejora de las políticas de empleo.  Las dos están diseñadas, más que discutidas con los responsables de las mismas. Pero ahí están, estancadas en el Pleistoceno.