La dificultad de vender las Reformas

La dificultad de vender las Reformas

Mi madre me preguntó recientemente si era cierto que le iban a quitar la pensión a mi padre. Mi querida Miri, la presidenta de mi asociación de vecinos (rural), si era verdad que íbamos pidiendo una «rebaja de los despidos» y algunos estudiantes, que cómo podíamos reivindicar más precariedad. La divulgación de los argumentos de por qué necesitamos reformas como la laboral o la del sistema de pensiones para salir adelante no es nada sencilla. Lo es aún menos cuando nuestros políticos se encargan de posicionar en su contra a quienes llevamos años investigando las causas del mal funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y que, en estos momentos difíciles, tenemos el «atrevimiento» de proponer alguna solución para el debate. Lo más preocupante es que estas propuestas se utilicen de forma partidista, desinformando e infundiendo el temor entre los votantes. En estas circunstancias nos acercamos más a las repúblicas bananeras que a las sociedades avanzadas a las que nos deseamos parecer.

«Mantra liberal» y «justicia», estas son las palabras clave que podríamos destacar del artículo publicado el pasado domingo en La Nueva España por Javier Fernández, secretario general del PSOE regional. Su objetivo: reivindicar los aciertos de la reciente propuesta de reforma laboral del Gobierno. Su estrategia: descalificar otras propuestas, en especial las que han surgido desde el ámbito académico.

Desde su publicación, hace ya cerca de un año, la «Propuesta para la reactivación laboral en España, conocida en los medios como «Manifiesto de los 100», ha generado múltiples reacciones institucionales y decenas de artículos y posts. Este artículo cae en el mismo vicio que muchos otros: la parcialidad y la desinformación, con una diferencia: ahora sí que tenemos dos propuestas que nos pueden servir de comparación: «la de los 100» y la que realizó el Gobierno a principios de febrero. Cae en la parcialidad, porque sólo aborda cuestiones relativas a los contratos y a la indemnización por despido. Y cae al vacío de la desinformación. Primero, porque de nuevo trata de «mantras liberales» aquellos argumentos plenamente asumidos por la propuesta del Gobierno. Segundo, porque sigue afirmando que nuestras indemnizaciones por despido no son altas, cuando una de las medidas más difundidas de dicha propuesta es precisamente rebajarlas. Tercero, porque pretende defender que con esta propuesta guía, del diálogo social saldrá una reforma eficaz y más «justa» que la propuesta académica.

La propuesta del Gobierno tiene dos partes claramente diferenciadas: una introductoria o de diagnóstico y otra con una serie de líneas de actuación que se ponen sobre la mesa del diálogo social. La sorpresa con la que se encontrará el lector es que los diagnósticos de ambas propuestas son coincidentes, siendo un compendio de lo que el señor Fernández denomina «mantras liberales». Supone un giro radical, dado que el Gobierno ha dejado de defender que la reforma laboral ya acompañaría al cambio de modelo productivo, para admitir, por fin, que la dualidad laboral es «el problema estructural más grave de nuestro mercado de trabajo», que «la contratación estable es un elemento central del nuevo modelo de crecimiento económico» y que las «medidas de todo orden adoptadas desde hace años (?) han resultado ineficaces». Reconoce, en definitiva, que las instituciones laborales, tales como nuestra regulación contractual y nuestra negociación colectiva, son en gran parte responsables de que nuestro mercado de trabajo se comporte como una montaña rusa y de que nuestros niveles de precariedad laboral sean tan dramáticos. Coinciden ambas propuestas, cómo no, en las injusticias que generan nuestras instituciones laborales: «Unas nuevas relaciones laborales deben garantizar la igualdad de trato para todos» y ya está bien que «los jóvenes asumen en mayor medida la destrucción de empleo frente a otras formas de flexibilidad alternativas como la adaptación de los salarios o la reducción del tiempo de trabajo». En definitiva, se ha tardado casi un año en admitir lo evidente. Es un paso adelante, loable.

Sin embargo, el documento guía del Gobierno no deja de ser un chasco. ¿Por qué? Porque sus ocho líneas de actuación están lejos de proporcionar soluciones definitivas a los problemas estructurales que presenta el mercado de trabajo español y que se reconocen en su introducción. Y, también, porque deja una vez más la solución de las graves deficiencias en el funcionamiento de nuestro mercado laboral en manos de aquellos agentes sociales que las han venido alimentando durante los últimos 25 años. En definitiva, más de lo mismo, otro «día de la marmota». Para quien esté interesado en una valoración detallada del documento, recomiendo que acuda de nuevo a la página web , y, aun cayendo en la misma parcialidad que el señor Fernández, comentaré en este breve espacio las soluciones a lo que el propio documento del Gobierno califica como «problema estructural más grave»: la dualidad laboral.

En primer lugar, estas soluciones van dirigidas a reducir la dualidad, no a erradicarla. En este contexto, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos temporales sólo tendría un efecto perverso sobre el empleo, prolongando aún más la salida de la crisis y penalizando a los parados de larga duración. Pretender universalizar el contrato de fomento del empleo indefinido sólo porque se le asocia una indemnización por despido de 33 días por años de servicio en lugar de 45 tampoco es la solución. Primero, a no ser que fuera sólo de forma transitoria, debería dejar de denominarse «de fomento», dado que si fuera realmente interesante se acabaría aplicando a todos los nuevos contratos. Entonces, ¿no está detrás de esta universalización la intención de rebajar las indemnizaciones por despido? (Convendría decirlo claramente, porque las demás propuestas tampoco contemplan la retroactividad). Segundo, es evidente que este tipo de contrato no ha servido hasta ahora para reducir la tasa de temporalidad de los colectivos a los que iba dirigido, los más afectados por el paro y la precariedad. Reincidir en la misma medida no parece lo más eficaz y no se entiende cómo podrá reducir las desigualdades de nuestro mercado de trabajo. Sobre las dificultades para la implementación de este contrato recomiendo la lectura del excelente post de Samuel Bentolila en drugevijesti.info (25/02/2010). Tampoco parece solución en estos momentos de ajuste presupuestario hacer descansar sobre la labor de los inspectores de trabajo el respeto de la causalidad de la amplia panoplia de contratos temporales que existe en nuestro país. Y, finalmente, de nada servirá clarificar aún más la causalidad de los despidos, sin que antes se reforme también nuestra justicia, para que los jueces sean más imparciales y equilibren la balanza reconociendo con mayor acierto la procedencia de los despidos.

No estaría mal que nuestros políticos, o sus asesores, ampliasen un poco sus lecturas con menos ideas preconcebidas, y que leyesen nuestra propuesta y el libro electrónico que la acompaña antes de etiquetarlas. Quizá les pueda convencer que fórmulas como el contrato único con indemnizaciones crecientes por antigüedad no son un «mantra liberal», que son jurídicamente viables, que serían, desde luego, más efectivas que la batería de medidas propuestas por el Gobierno, medidas que han probado ser bastante ineficaces en el pasado. También serían «más justas» al permitir que los colectivos más desfavorecidos, en especial los más jóvenes, inicien una vida laboral en condiciones más dignas que las actuales, sin que por ello perjudiquen a quienes ya vienen disfrutando de elevados niveles de protección.

También descubrirán que esta línea de actuación, si bien necesaria, no es suficiente, que debería venir acompañada de un bonus-malus que no sólo penalice, sino también recompense las prácticas responsables en su gestión de los recursos humanos. Que nuestra negociación colectiva también requiere cambios legales importantes, que su reforma es tan imperativa como la contractual y que tampoco tendrá lugar dejándola en manos de nuestros agentes sociales. Que el cambio de modelo productivo también depende de que nuestro sistema de prestaciones por desempleo se rediseñe para facilitar el reciclaje, y de que nuestras políticas activas sean más eficaces. Para alcanzar este último objetivo, no sólo la intermediación, sino también la formación ocupacional y la continua deberían dejar de ser monopolio de los servicios públicos de empleo y de nuestros agentes sociales. De esto no trata la propuesta de reforma del Gobierno. Defenderla es defender el «status quo» y perpetuar «sine die» las ineficiencias y desigualdades que generan nuestras instituciones laborales. ¿Justicia?

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