Críticas a las Reforma de Las Pensiones: Algunas Falacias Comunes I

Este fin de semana pasado estuve buceando un poco en la red para ver las respuestas que se habían producido a l que habíamos lanzado desde FEDEA y de la que yo era uno de los firmantes.

Me sorprendió un tanto ver que la mayoría de las críticas que hemos recibido se pueden clasificar en tres grandes categorías. La primera es que no somos objetivos por nuestra afiliación con FEDEA. La segunda es que la situación del sistema no es tan mala y que nos podemos permitir el gasto adicional. La tercera es la alta incertidumbre que supone hacer predicciones de futuro, en especial dado los problemas que tuvieron otras predicciones el pasado.

La primera crítica es un mero argumento ad hominem y lo único que hace es demostrar la carencia de razones más contundentes de aquellos que la esgrimen, así que no voy a perder el tiempo refutándola (y encima ya tenemos las FAQ de este blog donde lo explicamos en detalle).

Pero después de pensarlo por un rato, he decido que merece la pena dedicar un par de artículos a explicar porque las dos últimas críticas son erróneas. Primero porque nuestros lectores merecen que analicemos el tema en detalle. Segundo porque, como siempre bromeábamos mis amigos y yo en clase durante la carrera, hay tres clases de pruebas: por deducción, por inducción y por repetición. Y ante la repetición la mejor contraprueba es la claridad.

Hoy me centraré, pues en el argumento “nos lo podemos permitir.”

Este argumento es más o menos el siguiente. Dado que la productividad de la economía seguirá creciendo durante los próximos 40 años, el que nos tengamos que gastar en pensiones el 15% del PIB en vez del 9% no es un gran problema: el PIB será lo suficientemente grande que el 85% “no de pensiones” en el 2050 será mucho mayor que el 91% “no de pensiones” hoy en día y que por tanto el sistema no está en particular peligro y que esto se resuelve subiendo los impuestos.

Aunque así, a primera vista, el argumento tiene visos de verosimilitud, no es más que una falacia y demuestra que los que lo esgrimen están bastante confusos y que no entienden mucho de economía.

Una primera respuesta, clara y sencilla, es que el crecimiento de la productividad no es algo automático. Como prueba bien contundente tenemos que de 1997 al 2007 el crecimiento de la productividad en España fue prácticamente cero. Crecimos a golpe de más trabajadores, no de mayor productividad. En tanto que el crecimiento de la población activa se ralentice primero y luego caiga con el envejecimiento, esto nos pondrá serios límites al crecimiento del PIB. Además y a mayores, una carga tributaria más alta para financiar la seguridad social ha de tener consecuencias negativas tanto sobre la oferta de trabajo como sobre el crecimiento de la productividad.

Pero, por mucho que esta primera respuesta sea bastante importante, no es definitiva. Quién sabe, quizás tengamos suerte y los próximos años sean años de fuerte crecimiento de la productividad.

El argumento definitivo es que comparar el 85% del PIB en el 2050 con el 91% en el 2010 no tiene ni el más mínimo sentido. El PIB del 2010 es un dato irrelevante. La única comparación relevante es el bienestar que tendremos en el 2050 con el sistema actual versus el bienestar que tendremos con un sistema alternativo de pensiones (para ser más preciso y ya que Don Víctor nos lee, también hay que computar los costes de la transición al nuevo sistema). Es decir, tenemos que mirar al coste de oportunidad del sistema actual en el 2050. Es este y no otro el factor relevante para una elección social adecuada.

Y la respuesta a esta comparación relevante es que, entre subir los impuestos para pagar el 6% adicional o trabajar dos años más, el bienestar social será más alto trabajando dos años más. Para aquellos interesados en el argumento técnico, mi colega y amigo ha escrito un que lo expone en todo detalle. Para los que no quieran filigranas, el argumento resumido es más o menos como sigue.

Si subimos los impuestos para pagar el gasto adicional, usted estará pagando impuestos más altos durante toda su vida laboral, pongamos de los 25 a los 65, para cobrar una pensión dos años más, de los 65 a los 67, con respecto al caso alternativo de reforma del sistema. La tasa implícita de rendimiento de estos impuestos adicionales (que en un sistema de seguridad social es aproximadamente igual a la tasa de crecimiento de la población más la tasa de crecimiento de la productividad) es menor que la tasa de rendimiento de sus ahorros incluso sin contar con el efecto distorsionante del impuesto. Si usted lo que quiere es retirarse antes, siempre lo puede hacer y sustituir la pensión de los 65 a los 67 con su ahorro privado.

Ante este argumento, existen dos posibles objeciones. La primera objeción es que si el argumento es cierto entre los 65 y los 67 años, también debería serlo entre los 67 y los 77 y que por tanto habría que retrasar la edad de jubilación aún más. Sí y no. Sí porque el argumento de que la tasa de rendimiento de la seguridad social sigue siendo menor que la del ahorro privado. No, porque el ahorro privado se enfrenta a dos problemas.

Uno es el riesgo de supervivencia. Uno no sabe si se va a morir a los 70 o a los 80 años y este riesgo está mal cubierto por el sistema financiero por problemas de información asimétrica (yo sé más que el banco o la compañía de seguros sobre mi salud, por ejemplo conozco la historia sanitaria de mis padres, que es una muy buena predicción de la mía). Por tanto, existe un motivo para un sistema público de pensiones que proteja por medio de una anualidad vitalicia contra este riesgo de supervivencia. Pero dado que la mortalidad entre los 65 y los 67 años se ha reducido de manera dramática (y se seguirá reduciendo más), no es por tanto un rango de edad donde la intervención pública ayude a suplir un problema serio de carencia de activos financieros de aseguramiento.

El segundo problema es el del riesgo intergeneracional. Si a mí me toca jubilarme justo cuando los mercados financieros no han tenido una buena temporada (piensen en el golpetazo que se llevaron los fondos de pensiones el 2008-2009 y lo mal que esto dejó a los que se querían jubilar justo en ese momento), el que el rendimiento del ahorro privado sea, en media, mayor que el de la seguridad social es poco consuelo. Esto de nuevo justificaría un sistema de pensiones público que redistribuya el riesgo intergeneracional. Pero de nuevo utilizando un , parece que el sistema actual ya redistribuye este riesgo en exceso (incrementar la seguridad de los pensionistas significa, por una mera restricción de recursos de la sociedad, incrementar el riesgo de los jóvenes y por tanto existe un necesidad de alcanzar un balance razonable entre generaciones). Por consiguiente, reducir esta transferencia de riesgos con una elevación de la edad de jubilación es un paso en la dirección correcta.

En conclusión: los problemas de riesgo de supervivencia y de riesgo intergeneracional probablemente justifiquen un sistema de pensiones público a las personas suficientemente mayores, por ejemplo a partir de los 68 o 69 años, pero lo justifican bastante poco en el tramo de los 65 a los 67 o 68 años.

La segunda objeción es que mi argumento se basa en la idea de que uno paga cotizaciones a la seguridad social, que es una especie de ahorro forzoso distorsionante (no exactamente, ya que es el nuestro es un sistema de reparto, no de capitalización, pero bueno, más o menos) para recibir una pensión más tarde, cuando en realidad el sistema tiene un fuerte componente redistributivo. Al retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años el bienestar de algunos aumentará (los perdedores en la redistribución) pero el de otros disminuirá (los ganadores netos en la redistribución).

La respuesta a esta objeción es sencilla: no existe una razón demasiado convincente para redistribuir basándose en la edad tal y como lo hace la seguridad social. La gente que ha mirado como se debería redistribuir a lo largo del ciclo vital de las personas, como en de y , encuentran patrones de redistribución óptimos bastante distintos. Es decir, que si lo que uno quiere hacer es redistribuir (y esto es un objetivo plenamente legítimo), utilizar la seguridad social para ello es probablemente una mala idea.

El resumen de este largo artículo es, pues sencillo. La crítica “nos lo podemos permitir” es totalmente errónea, pues compara dos situaciones, 2010 y 2050 que no tienen que ver la una con la otra, en vez de comparar las dos situaciones de interés, el 2050 con la política actual y el 2050 con la política alternativa. Y en esta comparación entre dos políticas, la preponderancia de la evidencia parece bastante clara a favor del retraso de la edad de jubilación en vez de la subida de los impuestos.

La semana que viene explicaré porque la crítica a la reforma basada en la incertidumbre de las proyecciones es también radicalmente incorrecta: la incertidumbre es un argumento a favor de la reforma, no un argumento en contra.

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