Los sobrecostes de Sacyr en el canal de Panamá y el anuncio de Campofrío

unnamedSi no ha visto ya el navideño de Campofrío, “Hazte extranjero”, le recomiendo que lo haga sin falta  y que tome partido por una de las dos Españas, la que dice que es casposa y a la que se le asoma la lagrima, a mi me encontrará en las dos. El anuncio defiende que hay una particular forma de ser español, ya saben, tocarse mucho, hablar a gritos, tener un gran sentido del humor, ser amigo de tus amigos, trasnochar, etc…Después de los problemas de Sacyr en Panamá, mucha gente añade a la lista de tópicos culturales españoles el ganar concursos para grandes obras de infraestructuras, pujando muy bajo y obteniendo beneficios a costa de los sobrecostes de las obras.

No decimos que este haya sido el caso de Sacyr, no disponemos de suficientes elementos de juicio para determinar qué sucedió en este caso. Nos limitamos a analizar las noticias aparecidas en prensa. Les pongo en antecedentes.....

El consorcio liderado por Sacyr (integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA) realizó una oferta por las obras de ampliación del canal de Panamá (3.200 millones de dólares) que era 1.000 millones inferior a la oferta de su competidora estadounidense Bechtel, y ahora reclama unos sobrecostes de 1.600 millones para poder completar la obra. Más aún, con una argumentación que les sonará muy a radiales madrileñas, dicho consorcio acusa a la administración panameña de haber fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero. Si les faltan pruebas para acusar del crimen al mayordomo según nos relataba , en los cables de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, obtenidos por Wikileaks en 2010, la empresa americana denunciaba que la oferta del grupo de Sacyr no cubría los costes y que sospechaba que Sacyr intentaría renegociar al alza el contrato al ejecutarlo.

Hasta aquí la actualidad sobre la que podemos aportar poco sin conocer los detalles de los pliegos del contrato y de la geografía (y geología) panameña. El proyecto tiene una gran complejidad técnica y es simplemente imposible determinar con la escasa información que poseemos, si los sobrecostes son estratégicos o corresponden a cambios necesarios en el proyecto como reclama Sacyr. Pero la cuestión que nos interesa saber es si los sobrecostes y las pujas bajas son comunes en las empresas (y en las contrataciones) españolas. Aunque no tengo datos de la situación actual, si puedo afirmar que en el pasado, esa práctica era más española que la tortilla de patata.

En un artículo de mi tesis doctoral (Ganuza (1998) “Los Sobrecostes en las obras Públicas. Un análisis económico del caso español”. Revista de Economía Industrial) analicé los sobrecostes (también llamados modificados) en las obras públicas de más de 500 millones de pesetas llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento en el año 1994. El 77% de las obras presentaba sobrecoste. Las causas de los sobrecostes eran, como en el caso de Sacyr, en su mayor parte mejoras o correcciones del proyecto inicial. No conozco estudios académicos posteriores, pero los artículos en prensa hacen que mis cifras parezcan conservadoras. Por ejemplo, Inmaculada Rodríguez Piñeiro (Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento 2009-2011) declaró en el año 2011 al que "El 98% de los contratos firmados por la Administración Central desde 1996 han sufrido modificaciones”.

Todo el mundo que haya reformado su cocina, sabe que los sobrecostes llevan consigo un incremento del precio de la obra. El contrato inicial se adjudica de forma competitiva y las modificaciones del contrato, aunque no supongan necesariamente un aumento de los costes de construcción, se determinan en un proceso de negociación bilateral, donde la empresa tiene un gran poder de negociación debido a lo costosos que resultan los retrasos y a lo difícil que sería reemplazarla. De hecho en mi estudio constaté que los sobrecostes suponían en media un incremento del 14% del precio de licitación de la obras.

¿No había procedimientos de control?. Por supuesto que sí, pero la aprobación de los sobrecostes dependía de su cuantía. Para sobrecostes inferiores al 10%, el mecanismo era muy sencillo e implicaba solo a los funcionarios que estaban en o con la obra, entre el 10% y el 20%, el procedimiento pasaba al ministerio, pero seguía siendo sencillo, para sobrecostes superiores al 20% los costes de control se incrementaban exponencialmente, dado que había que paralizar la obra y la autorización del modificado requería la aprobación del mismo por el Consejo de Ministros. Adivinan como era la distribución de sobrecostes, han acertado, más de un tercio de las obras tenía un sobrecoste entre el 19 y el 20%.

En muchas obras había que añadir al sobrecoste, un proyecto complementario. Estos proyectos están vinculados a la obra principal, y normalmente se concedían al mismo contratista mediante adjudicación directa. El proyecto complementario medio representaba el 7% del valor de la obra. Si sumamos el complementario al sobrecoste obtenemos que el coste de las obras se incrementaba durante su construcción en un 21%. No les sorprenderá que este coste adicional resulte muy similar a la baja media en los procedimientos de adjudicación, el 18%. En resumen, no estamos hablando de sobrecostes accidentales sino de una cultura del modificado donde los proyectos iniciales distaban mucho de ser precisos, las empresas anticipaban que iban a tener modificaciones de los mismos, y dado que las modificaciones generarían beneficios, estos eran más o menos descontados en los procesos de adjudicación.

Debemos puntualizar que las pujas más bajas no compensan los sobrecostes. De hecho, la correlación entre baja y sobrecostes era en mi trabajo solamente significativa si se utilizaban subastas, no así en los procedimientos de concurso donde la competencia en precios era muy limitada. Pero supongamos que los sobrecostes se descuentan totalmente en la adjudicación, ¿por qué es mejor adjudicar un proyecto por 100 que hacerlo por 80 y pagar 20 en sobrecostes? Las ventajas de un sistema sin sobrecostes sistemáticos son fundamentalmente transparencia y eficiencia. Como hemos dicho anteriormente, los sobrecostes se determinan en procesos de negociaciones bilaterales y cualquier mecanismo de control sobre ellos será costoso e imperfecto. Por el contrario, es mucho más fácil garantizar la transparencia y publicidad de los procesos de adjudicación iniciales. Las ganancias de eficiencia vienen dadas por dos razones. Primero, los mecanismos de adjudicación competitivos nos garantizan bajo ciertas condiciones que la empresa que obtiene la adjudicación es la más eficiente para realizar el proyecto inicial. Cuanto menos cambie el proyecto más probable será que la empresa adjudicataria sea también la más eficiente para el diseño final de la obra. En segundo lugar, la existencia de sobrecostes da una ventaja competitiva en el proceso de adjudicación a aquellas empresas que son mejores en los procesos de negociación bilaterales con la administración. Lo que en teoría podría evitar que las empresas más eficientes obtuviesen la adjudicación de la obra.

De hecho, nuestros socios de la Unión Europea veían en nuestros elevados sobrecostes una de las principales razones para explicar que nuestro mercado de grandes obras públicas estuviera prácticamente cerrado a otras compañías europeas, simplemente desconfiaban de que pudieran recuperar las bajas de la subasta en los procesos de negociación bilaterales con la Administración Española. Esta barrera a la entrada tiene mucho que ver con el anuncio de Campofrío, con códigos culturales y con redes sociales tejidas entre los ingenieros de las empresas de construcción españolas y los ingenieros del ministerio.

Con la intención de homogeneizar nuestras prácticas contractuales a las europeas y abrir con ello nuestro mercado de infraestructuras, la cambió la regulación. La nueva legislación pretendía eliminar los sobrecostes sistemáticos, estableciendo que los contratos del sector público solo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Además, los modificados no podrán superar el 10%. Si el proyecto requiriese un modificado mayor, deberá procederse a la resolución del contrato, y a una nueva licitación.

El análisis coste-beneficio de este cambio legislativo no es inmediato, aunque la nueva regulación redujera los sobrecostes (incrementando la eficiencia y la transparencia de la adjudicaciones), también conllevará costes, mayor inversión en los proyectos iniciales, el retraso en la ejecución de las obras, y las costosas resoluciones de contratos (algunos sobrecostes son completamente inevitables). De hecho, los economistas que podemos hacer modelos a gusto del consumidor podríamos hacer un modelo “Campofrío’’, donde la cooperación repetida entre empresas y la administración conllevase de forma eficiente un nivel alto de sobrecostes y bajo de costes de transacción, y concluir (como el anuncio) que como España no hay nada. Soy escéptico sobre ello, me inclino más por los beneficios asociados a un sistema donde los sobrecostes sean excepcionales, pero necesitamos datos para hacer una evaluación rigurosa de la ley. El análisis no sería sencillo porque además la crisis ha incrementado mucho la competencia en precios en las adjudicaciones, la aparición de bajas temerarias, y con ello la presión de las empresas para obtener beneficios a través de los sobrecostes.

En resumen, los sobrecostes de Sacyr no son una nube en cielo despejado. No quiero decir que no haya sobrecostes en otros países que impliquen a empresas constructoras extranjeras. De hecho, los sobrecostes más mencionados en los artículos académicos son los del túnel canal de la Mancha o los del metro de Boston. Pero es verdad, que en España existía una cultura del modificado que nos diferenciaba de nuestro entorno europeo, una muestra más del “Spain es different”, lo que a menudo (pero no siempre, eso se lo concedo al anuncio de Campofrío) es más una señal de preocupación que de orgullo y satisfacción.

Hay 34 comentarios
  • Me han encantado el blog. Veo que no estás del todo de acuerdo con el cambio legislativo. Según tu criterio, ¿cuál sería a grandes rasgos la legislación que de manera más eficiente evitara el comportamiento que describes?

    • Muchas gracias por el comentario. La reforma legal de la LES fue hecha principalmente para acomodarnos a la normativa europea y abrir nuestro mercado. Aumentar la competencia y la eficiencia para mi era una necesidad y seguro que en el largo plazo traerá beneficios, pero me preocupaban los costes de ajuste del sistema a corto plazo (la posible rescisión de contratos) especialmente en un momento de crisis. Sobre mi propia propuesta, pues para serte sincero creo que entas cosas tenemos que ser un poco humildes, y como entre tantos otros temas, yo encargaría un libro blanco, un estudio que evaluase las legislaciones de nuestro entorno, yo como especialista en diseño de mecanismos y subastas pudría aportar cosas, pero necesitaría las aportaciones de expertos en otras áreas (ingenieros, gestores. etc...)

  • Una duda que me ha surgido al leer el artículo (soy demasiado joven para saberlo): ¿Esto siempre ha sido así o con el MOPU era "diferente"?
    Es que he leído un artículo que creo establece que con el MOPU no había adjudicaciones, eran los propios medios públicos los encargados de hacer las obras:

    Si realmente antes era diferente ¿hay algún estudio consultable sobre la eficiencia "de ahora" comparada con "la de antes"?

    • No tengo datos para evaluar la actuación del MOPU, pero en todo caso, no creo que realizasen ellos mismos las obras, lo que si hay son empresas semipúblicas que están implicadas en la gestión de proyectos como en el caso del tren de la Meca.

  • Muy interesante, especialmente ver que hay ejemplos muy internacionales en los sobrecostes. Pero sin pretender identificar si es una ventaja o no. Incluyo una idea. Porque entregar toda una gran infraestructura a un único postor. ¿No es posible otra forma de realizar las grandes obras?
    Un gran proyecto puede terner desviaciones de costes, solo por volumen un encarecimiento de recursos significa un sobrecoste y un abaratamiento subito de recursos es un sobreprecio.
    No resultaría más razonable que estos proyectos los realicen los estados con un modelo mixto. Donde la realización del proyecto sea controlada directamente y la subcontratación se aplique a subproyectos acotados y licitados a medida que los trabajos abanzan. No terminaré nunca de entender la lógica de proveedor Único en estas megacontrataciones. El contratista tendrá siempre posición de ventaja, incluso cuando pierda litigios, quien pierde es el cliente que no dipone del servicio en plazo.
    Las grandes corporaciones hasta hace no mucho no tuvieron ese poder. Las grandes obras se realizaban de forma autonoma por los estados.
    ¿Podemos esperar una NASA prívada? ¿O solamente una empresa capaz de acometer parte de sus actividades? ¿Surgirá un proyecto de colonización Marciana privado o solo empresas que pueden proporcionar sistemas de trasporte o sistemas vitales o....etc?

    • El diseño óptimo de la adjudicación (y el número de lotes en lo que se subdivide) depende mucho del proyecto concreto, de si hay economías de escala, alcance o aprendizaje, y lo competitivo que sea el mercado (problemas de capacidad de las empresa, estructura vertical de las mismas, etc... De hecho es común que haya varias adjudicatarias para una gran obra pública

      • Sin entrar a polemizar, porque comparto la sensación de que es algo insuficientemente analizado. Si creo que las grandes obras tienen ultimamente la tendencia a buscar Megacontratos. En muchos casos con varias empresas implicadas, pero sobre un único megacontrato. Y aquí los intereses de las UTEs son los mismos para todos los miembros, forzar un aumento de precios, incluso forzar aumentos de costes para justificarlos. Y como indicas ya no cuenta tanto la capacidad ejecutiva y la cualificación técnica. Aparecen las habilidades de interlocución con las administraciones/contratadores. Pues tampoco se libran las obras privadas, pese a tener que pelearse más.
        En base a sinergias y economia de escala, muchas veces se justifica una incapacidad para la gestión y definición de alcances. Porque para muchos esto solo es un gasto, no una inversión. Se simplifica o minimiza el trabajo para definir los proyectos. Esperando que sea el licitador quien resuelva....y a veces que lo regale. Y el licitador que no es tonto, luego llega lo cobra y si puede seca la vaca.
        Aparte juegos financieros....algo totalmente externo a las tareas técnicas que también aplica un extra...."coste"???

  • Mientras tanto, ...

    Aunque hay que decir que lo de los "modificados" no se limita a España: en cuestión de "modificados", es difícil superar el "caso Smeerpijp" en Bélgica. El "smeerpijp", una canalización de aguas residuales que tendría que haber servido para la evacuación de residuos de la industria química de Limburgo hacia el Escalda en Amberes, nunca pudo servir para ese cometido, ya que no fue construido siguiendo las normas de estanqueidad para aguas altamente contaminadas. El estado belga exigió una indemnización de 800 millones de francos belgas a las constructoras pero, tras una reunion entre responsables políticos y constructoras (casualmente en las oficinas del partido socialcristiano flamenco...), esto se convirtió misteriosamente en una indemnización de 200 millones de francos belgas del estado a las constructoras. Tras una instrucción particularmente dificultosa del presunto cohecho, el caso fue sobreseído por prescripción del delito...

    • Gracias por el ejemplo, No digo que los sobrecostes sean exclusivamente españoles, y que no haya escándalos en todo el mundo, lo que era particular de nuestro sistema era que eran sistemáticos y esto no se daba en otros países.

  • Me ha encantado la entrada por el fondo y por la forma.
    Muy importante esos de los equilibrios "donde la cooperación repetida entre empresas y la administración conllevase de forma eficiente un nivel alto de sobrecostes y bajo de costes de transacción". Ese argumento, en formas muy diversas, acaba apareciendo siempre que hay que justificar algo que funciona mal en la Administración. En cualquiera de las películas de El Padrino se utiliza también ese mismo argumento, y tampoco me convence. Por la sencilla razón de que i) las bondades de ese supueso equilibrio "natural" no pueden comprobarse ex post porque no hay una contabilidad analítica que permita estimar esos costes de transacción evitados y, más importante, porque suena más a un apaño "quién te va a ayudar mejor que la fammillia".

  • Sobre este tema, Sala i Martín completa la información, que aquí aparece, en su blog.

    • El articulo de Sala i Martin esta muy bien, pero al citar el articulo de Flyvbjerg (2009) mezcla dos cosas, los sobrecostes de la obra, y la decisión (el análisis coste-beneficio) de hacer la obra. El articulo de Flyvbjerg que ya comentamos en un post anterior Gerard Llober y yo, habla de desviaciones en las estimaciones de demanda, y de porque se hacen jarrones chinos como el AVE a Galicia o el Aeropuerto de Castilla la Mancha (hoy en la prensa se habla de los jarrones chinos alemanes que también tienen sus aeropuertos sin aviones!). Yo creo que en España ese es un problema mas grave que el de los sobrecostes, que no haya una agencia independiente que haga o audite los análisis coste beneficio que se hacen para justificar las grandes obras públicas. Aunque mi conclusión no es la de Xala i Martin, el problema no es la gestión pública en si, sino la calidad de la misma.

  • Buen artículo, Juanjo.

    Mencionas que una de las ventajas de tener una cultura que rechace estas negociaciones posteriores de los sobrecostes es una transparencia que permite conocer mejor los costes reales. Esta es también una de las ventajas de las subastas al segundo precio. ¿Sería mejor que las licitaciones se hicieran por este mecanismo de subastas? ¿Se ha estudiado esta posibilidad en la literatura? ¿La usa algún gobierno?

    • Gracias Jose Luis porque además me das oportunidad de explicarlo que el post era demasiado largo y he tenido que ser sintético, lo de la transparencia se refiere más al precio final de la obra, me explico, alguien podía pensar que la empresa ganadora que presentaba un precio mas bajo, pero que luego obtuvo unos sobrecostes más altos, no era la mas eficiente y que a lo mejor otra empresa lo hubiera podido hacer a un coste total menor para la administración.

      La subasta de segundo precio no solucionaría esto, pero además las subastas de segundo precio tienen mala fama en las adudicaciones de obras públicas por dos razones, facilitan la colusión, son peores que las de primer precio cuando las empresas son ex-ante asimétricas, y por algo que no es un razonamiento económico pero que tiene mucho peso, es polémico a ojos de la opinión publica darle explícitamente a una empresa un beneficio (la diferencia entre las dos primeras ofertas), especialmente cuando este beneficio puede ser muy alto. La subasta inglesa no tiene este problema, además permite agregar información, pero tampoco se usa mucho (en licitaciones de obras, si en adjudicaciones de licencias donde la agregación de informacion es fundamental), yo creo que por los dos primeros problemas que he mencionado.

  • Le adjunto de forma somera el procedimiento de modificación de un proyecto con la legislación anterior a la Ley de Economía Sostenible, el que usted califica como "sencillo",
    según se indica en la "Guía para la gestión de contratos de las AAPP" del Ministerio de Hacienda:
    1- Propuesta redactada por el director facultativo de la obra.
    2- propuesta del servicio gestor (para entendernos los jefes del director facultativo)
    3- Redacción del proyecto.
    4 - Audiencia del contratista (art 146.3 LCAP)
    5- Informe de la oficina de supervisión (art 136.2 RGLCAP), órgano independiente de la dirección facultativa.
    6- Informe de la Inspección de Servicios y Obras ,órgano independiente de la dirección facultativa.
    7- Informe del Servicio Jurídico (abogacía del Estado en el caso de la AGE (art 59.2 de la LCAP)
    8- Informe de la Dirección General de Presupuestos (Hacienda, art 101.3 LCAP)
    9 Dictamen del Consejo de Estado ( modificaciones de más del 20% y presupuesto inicial de la obra mayor a 6.010.121,04 €)
    10 Autorización, en su caso del Consejo de Ministros (cuando el Consejo de Ministros autorice la celebración del contrato , debe autorizar su modificación)
    11 Fiscalización previa (bien por la Intervención General o por la Intervención Delegada)
    12 Aprobación por parte del órgano de contratación del expediente y los gastos asociados (en el ámbito de la AGE el órgano de contratación son: ministros y secretarios de Estado).

    A la vista del mismo se podrán decir muchas cosas pero no que es sencillo y que sólo intervienen los funcionarios relacionados con la obra.

    • Gracias por la aclaración, en todo caso lo que para mi era sorprendente era que el salto que existia en el procedimiento de control cuando se alcanzaba el 20% y la concentración de sobrecostes entre el 19% y el 20%.

  • Aún a riesgo de parecer naïve, me pregunto por qué no se prohiben los sobrecostes directamente. Eso obligaría a las constructoras a suscribir un seguro trasladando así el riesgo del contribuyente a las aseguradoras.

    • Hola Jorge!

      Hay diversos tipos de sobrecostes, imaginate que yo firmo un contrato para presentar un servicio cuyo coste depende del precio del combustible, en ese tipo de contrato lo que propones puede funcionar, también un contrato cuya remuneración dependa del precio del combustible, o simplemente que la empresa absorba las perdidas y en su caso los beneficios (si el precio es mas bajo del esperado). Pero en las grandes obras públicas muchos sobrecostes responden a cambios en el diseño, por decirlo así, dejas de comprar un bien, para comprar otro que no tiene precio, y por eso negocias, pero no puedes prohibirlos porque esa modificación es necesaria o es un cambio eficiente

  • Noticia de hoy: los expresidentes de Sacyr Rivero y Loureda tienen cuentas secretas en Suiza relacionadas con pagos del caso Barcenas Gurtel por el que están imputados.

    Así de simple , esta es la explicación de los sobrecostes en las obras en España, ¿si aquí les funcionaba por que no allí?

  • Me parece un “post” excelente.

    Únicamente señalar que este fenómeno no es un “fallo” del mercado, como nos quieren hacer creer los fundamentalistas del pensamiento único, sino inherente al sistema. Como dijo Keynes hace mucho:

    “Capitalism is the astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for the greatest good of everyone”

    Dicho esto, en España el fenómeno se hace mas grave por nuestra tradicional admiración a” los pícaros”.

    Saludos.

    P.D.

    Sin tener informaciones concretas, se me hace muy difícil de creer que los panameños, que además participaban con una empresa en el sindicato liderado por SACYR, no estuviesen metidos, de una u otra forma, en este asunto.

  • Creo que en este caso el artículo a mirar sería el de Flyvbjerg de 2003 (), no él de 2009. No me lo he leído en detalle pero entre las conclusiones destaca que nueve de cada diez proyectos tienen sobrecostes y que (de media) el aumento está entre el 20 y el 45 por ciento, dependiendo del tipo de proyecto.
    Aunque cada proyecto es muy diferente me gustaría conocer los sobrecostes que han tenido los últimos proyectos de Bechtel.

    • Muchas gracias por la referencia, tienes razon que este articulo esta mas relacionado que el del 2009, y nos da una visión mas global del problema.

  • Como dijo alguien, en España no hay sentido del humor porque no es un país serio.

  • Sólo felicitarle por el post. Excelente en oportunidad, contenido y forma. Un auténtico placer

  • Interesante artículo. Poco afortunada la referencia a Sacyr y el Canal. La crítica fácil también es una actividad muy nuestra (no digo que este post lo haga). Desde el extranjero sorprende como nuestros medios disfrutan haciendo leña del árbol caído, sin ningún interés en averiguar lo que realmente ocurre.
    La oferta del consorcio de Sacyr (GUPC) fue solo un 7% inferior al presupuesto estimado por la Autoridad del Canal (ACP). Si la empresa calculó mal, no lo hizo mucho mejor la ACP.
    Luego encontró un terreno de peor calidad que lo informado por la ACP que hacía casi imposible fabricar el hormigón de la calidad exigida. Se logró, pero un 100% más caro. Súmale un cliente burocrático hasta el absurdo, intransigente, endiosado por su privilegiada posición de monopolio muy rentable gestionado con total autonomía. Nadie se atreve a pedirle cuentas en el país.
    El contrato prevé mecanismos para resolver las diferencias, pero se han obstaculizado hasta ahogar financieramente al consorcio. En un punto, la ACP decidió prescindir de GUPC y culparle de todo para tapar sus propia mala gestión. No ha escatimado medios en el intento y muy pronto lo va a conseguir. Así, un administrador que debería dimitir va a convertirse en héroe nacional.
    Seguramente Sacyr ha hecho muchas otras cosas mal, pero en este caso concreto está mucho más cerca de ser la víctima que el malo de la película. Y mientras nos asaltan, los españoles aplaudimos. Muy triste.
    Por lo demás, muy interesante el post y el blog.

    • Muchas gracias por la informacion y acepto la critica, he intentado dejar claro que no disponia de la informaci;on suficienre para evaluar la situation de Sacyr en Panama, no solo por lo que tu apuntas, tambien en este caso las soluciones tecnologicas que ofrecian las empresas eran muy distintas y por lo tanto compicadas de comparar en terminos de costes.

    • seguramente en una obra de esta complejidad las razones no estén solamente de un lado, y es difícil opinar sin tener toda la información. Es sabido que algunos en la Autoridad del Canal de Panamá no veían con buenos ojos la oferta española (por ser demasiado baja o por no provenir del "amigo americano" Bechtel), y no es descartable que les hayan complicado la vida gratuitamente en algunos casos.

      Pero a simple vista parece muy difícil asumir que un sobrecoste del 50% esté basado en que el hormigón (¿qué parte puede representar el hormigón en el presupuesto total? ¿10%, 15?) es más caro y que la agencia ejecutora es puntillosa. Suena más bien a oferta temeraria de Sacyr-GUPC para asegurar el contrato, confiando luego en recuperar parte de la diferencia con la oferta de Bechtel a través de modificados ("tú ganas" -te termino la obra más barata que la de Bechtel- "y yo gano" -saco dinero con la obra o al menos no lo pierdo como sucedería si me pagas lo que oferté inicialmente).
      Por otra parte, supongo que en el contrato hay cláusulas de remisión a arbitraje para situaciones de desacuerdo, tampoco queda claro por qué no se está yendo por esa vía

    • En el hecho relevante de Sacyr se explica todo bastante mejor

      A mí me suena a oferta cogida con alfileres, y sin ningún margen para cubrir los imprevistos que aparecen en cualquier obra (más en una de esta magnitud), en la línea que decía Juanjo.

  • "Además, los modificados no podrán superar el 10%. Si el proyecto requiriese un modificado mayor, deberá procederse a la resolución del contrato, y a una nueva licitación."
    Cierto, pero estamos en España y hecha la ley hecha la trampa. Lo único que ha cambiado es que ya no se hacen obras.
    Y si, tenemos los suficientes elementos de juicio.
    Por desgracia todo lo que Wikileaks decía ha resultado cierto, de eso que Assange ande perseguido. Y, por supuesto, los presuntos estafadores que nuestros gobiernos han defendido, han ido dejando de ser presuntos para terminar procesados, declarados culpables y hasta ahora amnistiados vía prescripción.
    Yo creo que con semejante historial debería bastar, de hecho es lo que se dice por Bruselas, donde muchos diputados se ríen abiertamente de la Marca España y de su presidente.
    Por cierto, ¿me creerás si te digo que todavía no he visto el anuncio?

  • En lo que también convendría hacer un estudio económico de los sobrecostes es en los contratos de armamento, que tienen una merecida fama de rebasar muy, muy ampliamente los presupuestos iniciales, y esto no solamente, ni mucho menos, en España. Desde luego, la opacidad intrínseca de los programas militares contribuye a esto, así como las enormes barreras a la entrada.

  • Me gusta mucho el blog y me gustaría aportar mi experiencia.

    Efectivamente la mayoría de las obras de la administración tienen un importante sobrecoste. Las únicas obras que recuerdo en las que casi no se ha producido fue en los planes Zapatero. Se subvencionaba el importe del proyecto remitido por el ayuntamiento. Dado que el importe de los proyectos superaba con mucho la capacidad de financiación de los ayuntamientos, el empresario no tenía nada claro que fuese a cobrar "fácilmente" el mínimo sobrecoste que se produjese. Al final casi no hubo modificados.

    Tengo muchas esperanzas en el límite del 10 por ciento. Ojalá se cumplan.

  • Lo decisivo no son los sobrecostes, sino el "coste de los sobres"
    ¿cuanto de una obra se va a todas las manos que piden?
    30%? 40%?

    eso si es un sobre coste y ademas esos luego no tendrán excrupulos en aceptar sobrecostes.

    Recuerdo una empresa en la que trabajé que daba un % a los encargados de las empresas que nos contrataban. En una de las ocasiones estaba yo presente en el pedido de unos trabajos, le pregunto.. ¿cuanto te cobro por esto xx euros? a lo que el otro respondió... "tu pon pon" "¿xxx eruos? ""tu pon pon?" indicandole que subiera el precio que la empresa lo consideraria normal. (Claro cuanto mas subiera mas ganaba El)

  • La verdad es que creo que eso que comentas Jose parece estar en el funcionamiento de la economía de este país. Recientemente encargué el montaje de una caseta de jardín, a la que había que poner una base de ladrillos, a la propia conocida tienda de bricolaje a la que compré la caseta.
    Subcontrataron la instalación y los montadores decían que hacía falta el triple de ladrillos de los necesarios. Lo que me extrañó fue que la propia tienda que me vendía la caseta lo veía normal y no hizo nada.
    La verdad es que o pagaba el sobrecoste o me lo instalaba yo.

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