Elecciones Europeas 2019: Una nueva oportunidad para las políticas sociales y de empleo

En el pasado he escrito sobre la necesidad de reconsiderar las políticas sociales y de empleo de las instituciones europeas (ver, por ejemplo, aquíaquí, aquí o aquí).  Recientemente, en un breve comentario publicado en IZA World of Labor con motivo de las próximas elecciones europeas, he recordado cómo debería abordarse la reforma de dichas políticas. Lo que sigue es la traducción (liberal, que no literal) de ese comentario al castellano.

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Después de las próximas elecciones europeas que se celebrarán el 26 de mayo, el nuevo Parlamento y la Comisión de la UE asumirán la responsabilidad de desarrollar una "Europa Social", uno de los principales legados de la presidencia anterior.

Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las políticas sociales son una cuestión de competencia compartida entre la Comisión de la UE y los Gobiernos nacionales (art. 4), mientras que las políticas de empleo (un pilar básico de las políticas sociales) se encuentran dentro del conjunto de políticas bajo coordinación (en particular, mediante la definición de las directrices para estas políticas) y sometidas al principio de subsidiariedad (art. 5).

Las instituciones de la UE implementan políticas sociales mediante fondos especiales (especialmente el Fondo Social Europeo) que financian programas e implementados por los Gobiernos nacionales. La coordinación de las políticas de empleo se encuentra dentro del marco de gobernanza económica de la UE destinado a monitorear, prevenir y corregir tendencias económicas problemáticas.

Los resultados de este enfoque europeo a las políticas sociales y de empleo están lejos de ser satisfactorios (aquí una panorámica de lo ocurrido en los últimos años). Durante la crisis, las instituciones europeas perdieron su credibilidad en lo que respecta a su capacidad de coordinar políticas económicas y sociales, estabilizar las economías de los países miembros y promover reformas estructurales eficientes. Como resultado, sus políticas se consideran imposiciones a los países miembros durante recesiones y soportes del status quo en condiciones normales. Pocas innovaciones en las políticas sociales y de empleo y pocas mejoras institucionales están originadas en este enfoque.

Hay dos avances recientes. Una es la constitución de un pilar de derechos sociales de la UE para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y unas mejores protección e inclusión sociales. Otra es la creación de la Autoridad Laboral Europea (ELA, por sus siglas en inglés) que logrará una plena capacidad operativa en 2023 para (i) facilitar el acceso de individuos y empleadores a información sobre sus derechos y obligaciones, así como a servicios relevantes, (ii) apoyar la cooperación entre países de la UE en la aplicación transfronteriza de la legislación pertinente de la Unión, incluida la facilitación de inspecciones conjuntas, y (iii) mediar y facilitar una solución en casos de conflictos transfronterizos. Sin embargo, el pilar social de la UE aún remite el cumplimiento de sus objetivos a las instituciones europeas, los Gobiernos nacionales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas, bajo la actual interpretación (estrecha) de la distribución de competencias definida por los Tratados de la Unión Europea. .

Dos condiciones necesarias para la constitución de un verdadero pilar social europeo es una mayor disminución de las tasas de desempleo y un mayor y más sostenido crecimiento de la productividad. Esto no sucederá mientras existan mercados laborales disfuncionales y las reformas estructurales no progresen más decididamente. Además, el envejecimiento de la población y los desarrollos tecnológicos cambiarán radicalmente el "campo de batalla" de las políticas sociales y de empleo y sus consecuencias serán extensas y profundas, lo que hace que esas reformas sean, además de necesarias, urgentes.

Hacer frente a estos desafíos con programas aislados basados en enfoques parciales, como se hizo en el pasado y se sigue haciendo a pesar de los avances recientes, está condenado al fracaso. Se necesita, por tanto, un marco alternativo para las políticas sociales y de empleo supranacionales de la UE, basado en una intervención más decisiva del Parlamento y la Comisión de la UE. Para esto, las políticas supranacionales deben transferir recursos a individuos, no a los gobiernos, y hacerlo proporcionando beneficios que sean portátiles entre las jurisdicciones nacionales de los países miembros de la UE, a fin de reducir las barreras a la movilidad laboral. Las cuentas individuales como mecanismo para tal fin son fundamentales puesto que mejoran la transparencia, la eficiencia y la portabilidad de los derechos y beneficios sociales. Los sistemas de pensiones de cuentas nocionales y el llamado Fondo Austríaco son buenos ejemplos de ello. Pero el acceso a derechos y beneficios sociales bajo diseño e implementación de la Comisión Europea a través de estos instrumentos, no debería ser automático sino que debería estar condicionado a que los gobiernos nacionales acepten los cambios institucionales necesarios para mejorar la eficacia de tales políticas.

En definitiva, las instituciones de la UE deberían encontrar la manera de desarrollar una verdadera ciudadanía europea. Políticas sociales dirigidas a garantizar una educación universal y de calidad, oportunidades de empleo y promoción profesional, y protección social son fundamentales en el contexto actual. Y estos objetivos se atienden mejor transfiriendo recursos a los ciudadanos, y no en declaraciones grandilocuentes e increíbles sobre los pilares sociales y manteniendo políticas supranacionales subordinadas a los intereses de los gobiernos nacionales.

Hay 2 comentarios
  • Coordinación a nivel europeo tiene la desventaja de eliminar la competición regulatoria entre estados, que permite a los ciudadanos votar con sus pies. Por ejemplo, si un gobierno socialista se vuelve loco con los impuestos, simplemente las rendas altas pueden hacer las maletas e irse al país de al lado.
    Precisamente porque los ciudadanos tienen esa opción de elegir, normalmente los partidos con ofertas menos atractivas -hipotéticamente, los socialistas- son los que mas se empeñan en imponer sus políticas a países disidentes. Lo mismo puede decirse de política de asilo o políticas igualitarias, ideas tan buenas que hay que imponerlas e sancionar los gobiernos que decidan de otra forma.

    • Gracias por el comentario. Por la brevedad de la entrada no ha quedado totalmente claro que en ningún momento se aboga por la plena armonización de políticas. Por el contrario, se trata de políticas sociales y de empleo europeas que complementan (no sustituyen) a las nacionales (y que permiten que los ciudadanos lo tengan mas fácil a la hora de votar con los pies). Cada Gobierno debe ser libre y responsable en cuanto a las políticas sociales y de empleo que les gustaría mantener. Las políticas europeas deben servir para mejorar sobre las nacionales con recursos adicionales y, al mismo tiempo, como "palo y zanahoria" para conseguir revertir los errores de las políticas nacionales.

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