Prácticas anticompetitivas: un ejemplo de libro (de texto)

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El próximo mes de septiembre, cuando comience el nuevo curso escolar, la tradicional queja de miles de familias españolas sobre la carestía de los libros de texto puede estar más justificada que nunca. En una , la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza () por coordinar políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia.

Como es habitual, lo interesante de este caso no es solo que parece haber quedado acreditada la existencia de prácticas concertadas en detrimento de los consumidores y del Estado (este por vía ayudas a la compra de libros), ni siquiera la cuantía de la sanción (33,8 millones de euros); sino que el expediente de la Comisión ofrece algunos datos sorprendentes sobre el funcionamiento de un sector en el que la existencia de un “código de buenas prácticas” encubría, en realidad, conductas colusorias.

Tal vez debería discutirse primero si, por sus características de bien cultural, la publicación y distribución de libros debería quedar al margen de las disposiciones del art. 101 del . De hecho, no se trataría de una demanda reciente: en 1829 los editores londinenses presionaron al gobierno para que se prohibieran los descuentos en la venta de libros, ya que “perjudicaba la respetabilidad del negocio de la cultura” (). Este tipo de restricción vertical, conocida como mantenimiento del precio de reventa, fue común en Europa hasta hace unos años y la legislación española, por ejemplo, la justificaba señalando que “la uniformidad en los precios [entre vendedores] favorece una oferta editorial culturalmente plural, heterogénea y rica (…), garantizando un marco de distribución estable y duradero” ().

Aunque (y principalmente por iniciativa de ) “l'exception culturelle” sigue presente hoy en día en la industria audiovisual europea, no parecen persistir en el sector editorial suficientes razones económicas que justifiquen una protección excesiva. Las limitaciones sobre los precios de los libros fueron eliminándose progresivamente en nuestro país (especialmente a raíz de un demoledor del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, en 1997), configurándose el actual marco sectorial que, en principio, favorecería la libre competencia entre las editoriales, y entre las librerías. En 2010, analizaron la estructura del sector y observaron que, en el caso particular de los libros de texto no universitario, existían algunos elementos preocupantes cuya corrección era necesaria para que los potenciales beneficios de la liberalización pudieran manifestarse en su totalidad.

¿Cómo (sigue funcionando) el mercado de los libros de texto no univesitarios en España?

La resolución de la CNMC muestra que el mercado de los libros de texto no universitarios en España se estructura a partir de un entramado de relaciones definidas entre cuatro agentes principales. En primer lugar, los colegios e institutos, quienes seleccionan, antes de la finalización de cada año académico, el material didáctico que se utilizará el curso siguiente para cada una de las enseñanzas impartidas. No se trata de una decisión baladí y, aunque se supone que se adopta siguiendo criterios profesionales, los mecanismos de decisión no siempre son transparentes, ya que existen ofertas diferentes en relación a los contenidos pedagógicos que deben ser cubiertos siguiendo las correspondientes directrices de las autoridades educativas. En segundo lugar, están las familias quienes, a pesar de ser los consumidores finales en este mercado, se ven privadas en realidad de su derecho más básico: la posibilidad de elegir el producto; únicamente pueden, en el mejor de los casos, optar entre distintos vendedores (generalmente, librerías o grandes superficies) que actúan como simples intermediarios en una relación vertical clásica donde el papel de productor lo asumen las editoriales.

Aunque exista competencia entre vendedores, las editoriales retienen todavía un elevado poder en el mercado de los libros de texto en España, no solo por la naturaleza monopolista del producto (una vez que el centro ha decidido), sino porque las barreras a la entrada (el efecto de la reputación es muy importante) y los elevados costes de producción (las diferencias regionales de contenidos minimizan la explotación de posibles economías de escala) limitan el número de competidores. El reciente informe sobre confirma que la mayoría de las ventas del sector – casi 860 millones de euros en 2018 – se concentraron en seis grandes grupos editoriales. Ello a pesar de que en el , el número potencial de consumidores cautivos superaba los ocho millones de alumnos en educación primaria y secundaria obligatoria, si bien la cifra real de compradores fue mucho menor debido a la existencia de algunas medidas de salvaguarda para las familias como la gratuidad de libros o el mantenimiento de contenidos durante varios cursos (cuatro, concretamente) con el fin de incrementar la competencia de los mercados de segunda mano (combatida por las editoriales a través de nuevas ediciones u otras prácticas, como se ilustra o ).

Un solo código para controlarlos a todos

A partir de la estructura descrita y, de acuerdo con la realizada por la CNMC, resulta evidente que las editoriales tenían incentivos para que, en el único elemento del sector en el que todavía podía existir cierto grado de competencia, esta se realizara “de una manera ordenada”. Así, en abril de 2012, las principales editoriales de libros de texto integradas en ANELE idearon un código de conducta al que “voluntariamente” se adscribieron una mayoría de asociados. En dicho código no solo se proporcionaban indicaciones de las “buenas prácticas del sector”, tal como resultaría razonable, sino que se prohibía a los firmantes seguir realizando determinadas políticas comerciales (regalo de ejemplares, descuentos específicos, donaciones pecuniarias o materiales, cursos de formación, etc.) que pudieran condicionar la decisión de los centros educativos. Aunque el objetivo externo, según las empresas, era evitar “prácticas poco éticas”, estas acreditaron en el amplio intercambio de información sensible entre ellas (a través de las reuniones y varios emails), que los costes asociados a la promoción comercial tenían un impacto relevante sobre sus cifras de resultados y debían reducirlos.

El acuerdo funcionó hasta 2018. Ese año, la editorial denunció a por prácticas restrictivas tipificadas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, señalando que el código de conducta era, efectivamente, un mecanismo ideado para coordinar las acciones comerciales de todas las editoriales con el fin explícito de reducir la competencia, algo que además se extendía a la existencia de otros acuerdos sobre la venta de libros en soporte digital (acordando un precio por licencia de 10€).

El expediente instruido por la CNMC en relación a esta denuncia constató, a través de numerosa documentación interna, que el código de conducta no tenía un mero carácter orientativo, sino que llevaba asociado una serie de instrumentos para la supervisión y seguimiento de las recomendaciones, la resolución de posibles conflictos, e incluso para sancionar monetariamente su incumplimiento. Su efectividad anticompetitiva tampoco fue puesta en duda, ya que los precios de los libros de texto no universitario siguieron en aumento durante el periodo que duró el acuerdo (a pesar de las reducciones evidentes en gastos comerciales).

Sin prejuzgar el resultado final de este caso, tras los correspondientes recursos judiciales por los afectados, resulta interesante constatar una vez más los difíciles caminos por los que se mueve la competencia en España. Unos caminos que, en última instancia, dependen de la conducta de las empresas que participan en cada mercado, para las cuales la frontera entre la “recomendación” y la “práctica concertada” sigue siendo muy difusa.

Hay 9 comentarios
  • Juan Luis, muy interesante, gracias. Pero me quedo con alguna duda importante.

    El núcleo de la cuestión, si lo he entendido, bien serían las "políticas comerciales (regalo de ejemplares, descuentos específicos, donaciones pecuniarias o materiales, cursos de formación, etc.) que pudieran condicionar la decisión de los centros educativos." (Además de la fijación del precio del libro electrónico a 10€, cosa obviamente problemática).

    ¿Qué políticas comerciales son estas? ¿Regalo de ejemplares para quién (en algún recorte prensa aparecía a profesores con hijos)? ¿Cursos de formación de qué tipo? ¿Donaciones pecuniarias a los centros? ¿Son estas prácticas que aportan valor, o generan incentivos perversos?

    Quién decide qué libro de texto se usa en la escuela no lo paga (son los padres). De aquí que el formato de comercialización, de sus prácticas, me recuerda en parte al de los visitadores médicos con todos los problemas que sabemos que generan (y que tradicionalmente incluyen cenas, regalos, invitaciones a congresos de valor dudoso, etc.)

    Por todo ello, delimitar algunas de las prácticas, si efectivamente son nocivas, no me parecería mal. Y de los artículos de prensa, y de tu análisis, no me ha quedado claro exactamente en qué consistían estas prácticas, y en qué medida su limitación efectivamente perjudicaba al usuario final. (Que sean prácticas costosas para las empresas no significa que sean buenas prácticas para los consumidores.)

    Saludos, y gracias de nuevo,

    aleix

    • Estimado Aleix,
      muchas gracias por tus comentarios. Trato de responder:

      Las editoriales realizan una actividad comercial para tratar de convencer (y fidelizar) a los consumidores que, como bien dices, no son los padres de los niños, sino los colegios. Estas actividades son, según el informe, las que comentas: donaciones de pantallas digitales y similares, actividades de formación para docentes o incluso el regalo de los libros del colegio para los hijos de los profesores, entre otros. En definitiva, comparten la esencia de los visitadores médicos (al menos así lo veo yo). Y ello podría generar (genera) que el colegio decida el libro no por su calidad y adecuación al proyecto docente, sino por otros factores.

      El acuerdo colusorio es de manual: restringen competir en publicidad, mantienen acuerdos, lo revisan bajo una Comisión interna y sancionan pecuniariamente a quienes se distancien del acuerdo.

      Pero, hay que aclarar que:
      1) El ahorro de costes no se tradujo en reducciones de precios (al menos eso se explicita en expediente), con lo que el efecto en precios de la restricción es directo. ¿Cuáles hubieran sido los precios de venta de los libros de texto si no hubiese habido acuerdo?
      2) El sistema ("código de buenas conductas") perseguía mantener el status quo (los emails llevan a entender que evitaban quitarse colegios que, tradicionalmente, tenían capturada cada una de las editoriales). Aquello que se muestra en el expediente, por la multitud de emails, de que "el colegio está acojonado", es de lo más evidente.
      3) Sobre mantener los precios de las licencias de los libros digitales, es evidente la restricción.

      En definitiva, la práctica anticompetitiva que supuso el "código" generó efectos sobre precios, tanto de libros de texto no universitario en formato papel, como de las licencias digitales. Y he ahí el quid de la cuestión.

      Creo que se hace necesario cuantificar ese contrafactual. Pero eso es harina de otro costal.
      Espero haber respondido.

      Gracias de nuevo por tu aportación
      Juan Luis Jiménez

      Por tanto, el alumnado no ha elegido los libros libremente por su calidad y precio tras el acuerdo (lo que sería óptimo, como bien señalas), sino que el acuerdo implica que las editoriales evitaban la competencia abiertamente y repartirse el mercado.

      • Gracias por la respuesta. Obviamente, repartirse colegios y precios mínimos no pueden ser parte de ningún código de buenas prácticas.
        Saludos,
        aleix

  • Afortunadamente hay soluciones en manos de la población para resistirse a los tejemanejes de las editoriales. Los propios profesores escriben sus libros y los comparten con licencia Creative Commons en sitios como

  • Excelente entrada, me gustaría añadir algo que no sé si es muy conocido, y es que muchas editoriales de libros de texto tienen colegios que son clientes cautivos (en la enseñanza concertada) a los que ofrecen descuentos cuantiosos sobre el PVP. Estos colegios ofrecen a las familias la posibilidad de comprar los libros (al PVP) y pagarlos a través de las cuotas que mantienen. Se convierte así la venta de libros en una forma de financiarse de dichos centros.

    • Estimado José Ángel,
      gracias por el comentario, que es muy útil y necesario conocer. El expediente hace referencia a esas diferencias entre colegios públicos y concertados y, de hecho, los emails de las editoriales diferenciaban ambos mercados. Es otro punto a analizar para la mejora de los efectos de estas restricciones.
      Un saludo
      Juan Luis Jiménez

  • Hola Aleix, enhorabuena por tu artículo. Sí me gustaría comentar que, cuando haces referencia a que las familias no pueden elegir el título que desean para la pedagogía de sus hijos e hijas en los estudios no universitarios, entiendas que esto es algo que tiene que ser así y no puede ser de otra manera, ya que los alumnos deben llevar un material unificado para cada grupo. La elección de dicho material entiendo que es más lógico que sea tomada por el equipo docente que por las familias.

    Un saludo

  • No entiendo muy bien dónde esta el problema de los libros de texto.

    Ahora voy a editar un libro, para difundir por ahí, y he ado sin problemas con un montón de imprentas que me lo imprimen, por lo que no entiendo:

    ...."¿Que pintan las editoriales en esta historia? Su función es la de descubrir y publicitar autores que puedan gustar al público pero, en este caso, el público tiene que comprar si o si el libro y el contenido que crea el autor ya esta previamente decidido. ¿Cual es la función de las editoriales?"

    ¿Porque los colegios, mas o menos unidos en grupos, no an directamente con las imprentas y acuerdan precios según tiradas?

    ¿Hay alguna ley que lo impida?

    (Muy interesante la visión sobre la inexistencia de algo parecido al "libre mercado" que transmites en tus articulos)

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