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La ministra Bañez se pone una matricula de honor...

… pero anuncia cambios para evitar duras criticas. Así se puede resumir la escasa relevancia del “ de Evaluación del Impacto de la Reforma Laboral” publicado a principios de este mes. El informe no permite evaluar los efectos de la reforma y es excesivamente complaciente, como ya anticipaba este del diario El País. A la largo de las 156 páginas todos son éxitos indiscutibles, los autores no reconocen ningún defecto de la reforma, no aluden a posibles efectos indeseados y exhiben una fe ciega en la bondad de la reforma.

Sin embargo, el objetivo de esta entrada no es poner de manifiesto la falta de rigor del informe, sino la intención del gobierno, anunciada en rueda de prensa, de reducir el número de contratos de 41 a 5. El mencionado editorial lo celebra como un avance en la lucha contra la dualidad laboral y lo caracteriza como una estrategia menos eficiente pero también menos arriesgada que la propuesta del contrato único. Sobre estos riesgos y las prioridades en materia de política laboral quiero hacer unas reflexiones estrictamente personales y todavía poco estructuradas.

La contratación indefinida

Empezamos con los datos. El gobierno sostiene que la reforma laboral ha servido para cambiar la tendencia en la contratación indefinida. Sin embargo, los datos son tozudos. Es cierto que el número de contratos indefinidos iniciales experimentó una ligera mejora durante el primer año de vigencia de la reforma, pero durante el mismo período se observa una caída del 15% en las conversiones de contratos temporales en indefinidos y el número de empleados fijos sigue cayendo al ritmo más alto desde el inicio de la crisis como se puede ver aquí:

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De hecho, un solo número lo dice todo: en los últimos meses el 93% de todos los nuevos contratos son contratos de duración determinada.

La gran novedad de la reforma laboral, el contrato de apoyo a emprendedores (CAE), tampoco funciona. Su peso en la contratación ha caído por debajo del 1% y sólo uno de cada 7 o 8 contratos indefinidos iniciales es un CAE. El informe pasa de puntillas sobre estas cifras. Los autores prefieren centrar la atención en la tasa de supervivencia del CAE --- es decir la proporción de trabajadores que mantienen su empleo tras un determinado número de meses --- frente al contrato ordinario.

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Hay muy pocas diferencias en estas tasas y los autores celebran que no se observa un salto a los 12 meses cuando termina el largo período de prueba del CAE. Esta evidencia les sirve para refutar las críticas a su diseño. En realidad, los datos solo parecen indicar que las empresas con menos de 50 trabajadores han sustituido el contrato ordinario por el CAE para recibir las suculentas bonificaciones. Al contrario, muy pocos empresarios parecen haber optado por un CAE en vez de un contrato temporal.

El cambio

Volvemos al anuncio de la ministra. Hemos comentado muchas veces que la reforma de 2012 debería haber reducido el  número de contratos en vez de introducir otro contrato más. El plan de la ministra rectifica este error, pero el resultado final dista mucho de la que aboga por un sistema de sólo tres contratos. Tras la reforma habrá cinco y no tres tipos de contratos y está previsto que se mantengan todas las modalidades y bonificaciones existentes. Por tanto, estamos hablando en realidad de una mera simplificación administrativa cuyo efecto sobre la rotación de trabajadores será muy limitado.

Prioridades

Todas estas consideraciones hacen prever que la tasa de temporalidad se disparará de nuevo y nada indica que el gobierno vaya a tomar más medidas en el corto plazo para restringir la contratación temporal. La pregunta que quiero plantear es si se puede defender esta postura con argumentos puramente económicos. Es decir ¿hay argumentos económicos para conceder más tiempo a España para resolver el problema de la dualidad manteniendo abiertas todas las vías para la contratación al menos durante un tiempo?

Al principio de la crisis mi respuesta hubiera sido un rotundo no. Hoy día mi posición es más matizada. Mis principales preocupaciones son la altísima incidencia de paro de larga duración y la inseguridad jurídica en los despidos, un efecto negativo de la reforma laboral que solo disminuirá con el tiempo. En estas circunstancias la supresión de los contratos temporales podría causar efectos negativos sobre la contratación, rompiendo así lo que, a día de hoy, es probablemente el único puente hacia el empleo para los más de tres millones de parados de larga duración. Pero conceder más tiempo a España conlleva claros riesgos. Una vez que la economía se haya recuperado los políticos tendrán pocos incentivos para hacer más reformas en el mercado laboral.

La solución no es fácil. La Unión Europea podría conceder más tiempo a España, pero a cambio debería exigir un esfuerzo mayor en la modernización de las políticas activas y pasivas y un claro compromiso a medio plazo. Si la ministra está tan convencida que sus medidas son las adecuadas, nos tendría que decir cuál es la tasa de temporalidad que considera aceptable en el medio plazo y comprometerse a tomar más medidas si fuera necesaria. Estas últimas pueden ser de dos formas: la eliminación de la mayoría de los contratos temporales o la penalización por el abuso de estos contratos.