¿Hay que suprimir las autoridades autonómicas de defensa de la competencia?

Recientemente la prensa se ha hecho eco de la noticia que tres Comunidades Autónomas (Madrid, Castilla la Mancha y Castilla León) estaban considerando eliminar los Tribunales de Defensa de Competencia autonómicos para reducir gastos.(Ver la noticia , algún comentarista había planteado ya antes la conveniencia de una mayor transparencia y responsabilidad del Tribunal de Madrid, ). ¿Sería una buena medida? En este post analizaré sucintamente algunos puntos para ayudar a evaluar el potencial acierto o desacierto de la misma.

1. La Defensa de la Competencia aumenta la productividad de las empresas

Como se ha discutido ampliamente en este blog, España necesita de manera imperiosa aumentar su productividad. Tal como argumentaba Samuel Bentolila hay bastante evidencia que una mayor competencia en el mercado incrementa la productividad de las empresas. Desde esta perspectiva, lo que necesitamos precisamente ahora en este país es más (en vez de menos) recursos invertidos en instituciones que promuevan y vigilen la competencia en los mercados. Por otro lado es inquietante la percepción que las instituciones de defensa de la competencia “sobran” en tiempos de crisis que podría sugerir la noticia que suscita este post. Una percepción análoga se ha visto reflejada en una sentencia aberrante del Tribunal Supremo que permite un cártel explícito por parte de los productores de aceite de oliva que se fundamenta principalmente en la crisis que padece el sector. (ver el post de Francisco Marcos sobre este tema aquí.)

2. Las Instituciones de Defensa de la Competencia aumentan el bienestar de los consumidores

Hay estudios que muestran un impacto beneficioso para los consumidores directamente ligado a las acciones de las instituciones que velan por la libre competencia. Por ejemplo, la Office of Fair Trading (OFT) en el Reino Unido estima que sus acciones en los años 2007-2010 han conseguido un ahorro para el bolsillo de los consumidores que multiplica siete veces su presupuesto. (Ver el estudio ). Es decir, por cada libra que le cuesta al contribuyente inglés el mantener operativa la OFT los consumidores consiguen un ahorro de siete. Quizás este tipo de trabajos en los que una institución tiene que justificar su propia existencia no sean demasiado creíbles pero están hechos con rigor y ánimo de seriedad y, lo más importante, son transparentes en su metodología; aunque es cierto que están basados en multitud de suposiciones que aunque razonables pueden ser más o menos discutibles.

En cambio, este artículo de estima de manera independiente y más rigurosa un impacto positivo de las instituciones de defensa de la competencia en un ámbito mucho más acotado, en el mercado de las vitaminas. En esta industria operó un cártel mundial en el que prácticamente todas las empresas productoras pactaban para fijar los precios país por país. Pues bien, los autores muestran como en aquellos países con instituciones de defensa de la competencia activas, el cártel fue mucho más moderado al subir los precios que en aquellos países sin este tipo de instituciones. En el caso de España, el artículo calcula que los consumidores españoles ahorraron alrededor de 18 millones de dólares al año debido al efecto disuasorio del Tribunal de defensa de la competencia español sobre la conducta del cártel. Dado que el presupuesto medio del Tribunal esos años fue de 1,15 millones de euros anuales, se deduce que el ahorro para el consumidor español de vitaminas superó en varias veces el presupuesto total de la autoridad de defensa de la competencia española. Otros estudios que han medido el impacto de estas instituciones en disuadir prácticas anticompetitiva es el de Barros, Clougherty y Seldeslachts () y el de Sidak, Block y Nold ().

3. ¿Crean valor los Tribunales de Defensa de la Competencia Autonómicos?

Los dos puntos anteriores no implican necesariamente que los recursos destinados a las autoridades autonómicas de defensa de la competencia estén bien empleados. Pudiera ser el caso que los tribunales autonómicos no estén cumpliendo adecuadamente su función; o que lo estuvieran haciendo de manera ineficiente y por tanto fuera mejor asignar esos recursos directamente a la autoridad nacional. Para intentar esclarecer algo esta cuestión Angélica Mejía me ha ayudado a recoger datos sobre presupuestos y actividad de todos los Tribunales Autonómicos de los que ha sido posible encontrar información en internet y los hemos comparado con el presupuesto y actividad de la Comisión Nacional de Competencia (CNC). La Tabla 1 recoge este análisis.

Tabla 1

Ver nota al pie (*) al final del artículo para más detalles de construcción de la Tabla

La Tabla 1 muestra como el presupuesto de los tribunales autonómicos oscila entre los 197 mil euros de Castilla la Mancha y los tres millones de euros de Andalucía. Por su parte la CNC tiene un presupuesto de alrededor de 13 millones y medio de euros. Para intentar comparar los presupuestos con el nivel de actividad, las dos últimas columnas de la Tabla muestran respectivamente el ratio resultante de dividir el presupuesto por el número de expedientes entrantes así como el ratio de presupuesto por sanción en euros. Como advertencia, hay que resaltar que las autoridades de defensa de la competencia ejercen otras actividades que no se ven reflejadas ni en el número de expedientes sancionadores ni en las multas. Por ejemplo se encargan la promoción de los principios de la defensa de la competencia así como de la elaboración de informes sectoriales y la respuesta a otras consultas que se les planteen. Por ello, las cifras de la Tabla 1 pueden estar infravalorando el nivel de actividad de algunas instituciones autonómicos.

Teniendo en cuenta esta advertencia, las cifras de la Tabla 1 muestra como tanto en presupuesto por expediente como en presupuesto por sanción la mayoría de autonomías tiene unos ratios muy superiores a los de la autoridad nacional, especialmente cuando tenemos en cuenta la actividad sancionadora. La única excepción es Castilla La Mancha, que con 50 mil euros por expediente tiene un ratio por debajo del de la CNC. Aún siendo conscientes de que estamos utilizando unos indicadores imperfectos de la actividad de estas instituciones, estos números indicarían que, en su mayoría, los tribunales autonómicos realizan su función con un nivel de efectividad mucho menor en relación al nivel de la CNC.

Sin embargo, no conviene olvidar que la multa no es el único indicativo de la eficiencia de estas instituciones. Lo cierto es que pueden existir problemas de competencia en mercados locales que reclamen el pronunciamiento de las autoridades autonómicas en la materia, sin conllevar multa alguna. Por eso, frente a la alternativa de suprimir estas instituciones, quizás pueda plantearse la conveniencia de fusionarlas con otras existentes a nivel autonómico encargadas de la aplicación de las normas en materia de protección de los consumidores. Como ocurre con las autoridades de defensa de la competencia en otros países (señaladamente a nivel federal en EEUU, con la Federal Trade Commission, y en el Reino Unido, con la OFT, pero hay otros ejemplos) pueden derivarse eficiencias de la aplicación por una misma institución de las normas de competencia y de consumo y eso podría ayudar a encontrar un encaje y una justificación más razonable de las autoridades autonómicas de defensa de la competencia en nuestro país.

Conclusión

En suma, el recorte en recursos destinados a instituciones que defiendan la competencia en el mercado no parece justificado ante la evidencia que estas instituciones no sólo mejoran el bienestar del consumidor sino que además nos pueden ayudar a ser más productivos. La defensa de la competencia no sobra en tiempos de crisis sino que es muy probablemente aún más necesaria(como ha recordado el presidente de la propia CNC en los albores de la crisis ). Después de un vistazo muy rápido a los números que hemos podido recopilar, no está claro que los tribunales autonómicos estén cumpliendo su función de una manera marcadamente inferior a como la hace la CNC. Antes de tomar medidas como eliminar tribunales de defensa de la competencia autonómicos, parece imprescindible cuanto menos realizar un estudio de impacto - tal como hace la OFT en el Reino Unido- que intente estimar las ganancias para el bolsillo del consumidor de las actuaciones de cada tribunal y lo compare con su presupuesto. Sólo así podremos estar razonablemente seguros que estas medidas de ahorro no son pan para hoy y hambre para mañana.

(*) Notas sobre la confección de laTabla 1: El número de expedientes entrante es recogido del período que va del 1 de Septiembre al 31 de Agosto del año que se menciona; el presupuesto de las CCAA y las sanciones sin embargo correponde al año natural,

Hay 26 comentarios
  • Este tipo de analisis engrandecen esta web, muy bien... el estado autonomico como una forma de aumentar la capilaridad de la administracion introduce elementos muy positivos. Lamentablemente asistimos a una cosntruccionde Taifas, pero no por ello debemos renunciar a una descentralizacion de la administracion.

    Pregunta: En cuestion de competencia, cuales corresponden al CNC y las autonomicas a parte del alcance geografico? Podria existir un ahorro de costes con una oficina unica, siendo los entes autonomicos solo puerta de acceso para la aceptacion y tramite de una denuncia? Quizas los dosiers de la CNC al ser de caracter nacional conllevan solo por ello una mejor relacion coste/eficacia.. en comunidades pequenyas esa relacion seria muy dificil de obtener.

  • Tengo que entrar al trapo, Juan, lo siento. Es más fuerte que yo.
    Esos tribunales, como tantas y tantas réplicas perversas, son el chocolate del loro. Proponer su supresión es una añagaza para seguir creciendo. Una cortina de humo barata.
    Lo que hay que suprimir constitucionalmente son las propias autonomías y no tolerarles ni tan siquiera gestos a la galería.
    Eliminando ese nivel organizativo, --de un plumazo que votaría más del 80% del censo si lo proponen los mayoritarios--, tenemos un ahorro monumental y vuelve a ser posible un mercado fluido de punta a punta y ciudadanos iguales y con mucha mayor movilidad.
    ¿Pensiones o Autonomías? Imagine!
    En unos meses más los mercados van a tomar plena conciencia de su existencia (hoy comienzan a hacerse preguntas....What is that? Autonomy what? Can they issue debentures? Who issues the CDS's? Aha... I see.....) y en ese momento veremos su coste en los tipos.
    ¿Cuántos puntos de diferencial exigiríamos nosotros que conocemos el paño desde dentro?
    Otra cosa que hay que hacer es llamarles la atención --loud and clear-- cuando pretenden engañar diciendo ser administración estatal descentralizada: Es mentira. Son miniestados tendenciales cada uno con su miniadministración. Es decir, lo contrario de descentralización.
    El costo de las ficciones es siempre brutal. La ficción es falsa pero su coste te aplasta.
    Y el que quiera irse que se vaya. Todos ganamos porque es mejor 17 taifas que este bodrio capaz de producir 100,000 páginas con impacto económico y la única ciudadanía de un estado que lo único que tiene garantizado es su desigualdad en función de su taifa de tránsito.
    En fin, Juan, así lo ve el 87% de los españoles. El mismo porcentaje que piensa que nuestra clase política carece de las competencias básicas para dirigir. (Funcas 2010)

    Un saludo

  • @Manu Oquendo
    ¿En serio la idea es eliminar un nivel estatal? Me parece inconcebible no ya por la historia de estas comunidades, si no por la eficacia en la distribución de recursos. Si hay algo eliminable son las provincia (o diputaciones provinciales). Está más que demostrado que el óptimo son 3 niveles gubernamentales (estatal/autonómico/municipal) no sólo en España si no es TODOS los países (Alemania con sus Landers, Canadá, Francia...). Incluso el caso español es ligeramente especial al tener un nivel municipal excesivamente pequeño (pueblos pequeños, vamos) lo que hace necesario la existencia de entes supramunicipales como mancomunidades para poder acceder a ciertos servicios con un mínimo de eficacia.

  • Muchas gracias Juan, un artículo así nos hacía falta después de la resaca electoral. Gracias por tu rigurosidad y amplitud de miras al mostrar los pros y los contras y la manera de poder evaluar mejor cual es la solución, con estudios independientes. Habría que recordar una cosa más, la competencia no solo trae productividad sino también empleo. Y por cierto, se que ya habéis escrito otros artículos sobre la política de competencia en España, pero es que hay tanto que decir sobre el tema, me parece que se pueden hacer tantas mejoras, que siempre que habléis del tema tendréis un lector.

    Manu, de paso quita los ayuntamientos (o el gobierno nacional y dejamos solo el europeo). Lo siento pero me parece que has tirado de atajo ideológico. El tema es encontrar que instituciones son mejores en la práctica para administrar el estado y representar a los ciudadanos e igual que los ayuntamientos son un gobierno local más efectivo que el gobierno central para la mayoría de las tareas que desarrollan ahora mismo, igualmente puede pasar con otra institución regional para algunas tareas. Para saber cuales, a tirar de buen razonamiento y evidencias, como siempre.

  • Creo mezclamos organizacion de la administracion publica, con la deslealtad que determinados partidos politicos han usado esa division.. para por supuesto obtener rendimientos privados (siempre lo mismo), y el impacto colateral en el resto (positivo y negativo).

    Creo que lo que ha fallado es contrarrestar los mensajes a la ciudadania que han hecho que esto sea posible. Que son: Mejor gobernarnos nosotros que nos gobiernen (desvinculando la participacion de ellos en decisiones que afectan a otros, minorizando la importancia del trabajo en equipo.. ese efecto agregador, p.e en la actual crisis) y segundo la idea falsas de que si comemos a parte comeremos mas.

    Yo sigo viendo que una via natural para desarrollar la democracia es aumentar la capilaridad, de forma inteligente.

    Asi hay que desandar una parte del camino, si, pero sobre todo contrarrestar la propaganda politica del cada uno por su lado. Y profundizar en el analisis de la organizacion del estado, bajo nuevos criterios de eficacia.

    En cualquier caso el mal ya esta hecho, y dentro del imaginario de las personas las ideas mas absolutas se estan afianzando. Pero tenemos una responsabilidad de proponer soluciones y nuestro mayor deber es que nuestros hijos hereden una sociedad pacifica y sana desde el punto de vista de economico y libertades.

    Cual es el fallo de la Autonomias? La creacion de necesidades artificiales con el fin de nutrir un cuerpo politico propio y desviar la atencion sobre los elementos principales. Apoyemos pues solucion que eviten esto mediante la transparencia de gestion, un estado central que audite, controle e informe a los ciudadanos de la gestion de las autonomias?

  • Lamento por una vez discrepar de mis admirados editores y colaboradores de Drugevijesti. Creo que esta cuestión no sólo se debe analizar en términos económicos (que también) sino también jurídicos, políticos y, por qué no, de sentido común. Hay que ver qué competencias tienen estos tribunales autonómicos y cual es su ámbito de actuación. Suelen ser realmente muy pequeñas y el número de expedientes tramitado bajísimo, aunque algunos se esfuercen en "buscarse la vida" (otros ni se molestan). Y también, por qué no, a su composición y a los perfiles que se eligen para estos organismos, poco orientados a los servicios a la productividad y a la competencia, por decirlo de manera elegante, y mucho más a "sentar" en puestos relativamente bien remunerados a gente afín . El que no cuesten mucho (en términos relativos) no quiere decir que sean efectivos ni productivos ni razonables. Lo siento pero las excel a veces no sirven por si solas para explicar las cosas, y desde luego no sustituyen a la experiencia real de tratar con uno de esos tribunales autonómicos.

  • Sinceramente considero este post un auténtico desacierto, desde su planteamiento a su conclusión final. Defender los tribunales de defensa de la competencia autonómicos como una aportación al mayor nivel de competencia en España con los argumentos utilizados me parece asombroso. Los TDC autonómicos se unen a una larga lista de instituciones injustificadas y absurdas creadas en el estado autonómico español, para las que, como muchas veces se ha comentado en este blog, España ni puede permitirse, ni puede pagar, ni realmente aportan nada que no aporte el nivel nacional. Y desde luego algo como la competencia creo que es mucho más eficiente y racional hacerlo a nivel nacional que a nivel autonómico, como tantas y tantas cosas (agencias de protección de datos, defensores del pueblo, etc, etc, etc...). Esto es puro aldeanismo en su versión más rancia. Decir a estas alturas que la descentralización en estos temas es beneficioso es defender reinos de taifas con argumentos banales . No me atrevería a afirmar que hay que acabar con todo el estado autonómico como algún comentario ha planteado, pero desde luego hay que acabar con todos estos organismos autónomos que replican el nivel nacional, sin aportar más valor que incrementar un gasto público que este país no puede permitirse, y supongo que colocar a amigos, conocidos y familiares, en la más pura tradición autonómica de este país.

    Animaría al autor del post a revisar su valoración con un estudio más amplio sobre que supondría que esos expedientes gestionados a nivel autonómico se hubiesen gestionado a nivel nacional con un organismo mejor dotado, más autónomo y más profesional. Yo no tengo ninguna duda de la respuesta.

  • @Santalo, Juan ha hecho una buena cuestion.

    Sin discutir el beneficio de tales instituciones, ha valorado el beneficio de hacerlo de forma descentralizada vs centralizada?... es que el area de competencias, mas granular y proxima al terreno puede ayudar a un mejor control? Existen ejemplo de tal delegacion de competencias en Europa?

  • Este post es muy interesante, no sólo por su contenido sino también por los comentarios que ha generado, los cuales ponen de manifiesto (contra lo que opina elisadelanuez) que hace falta más debate económico (incluyendo la perspectiva de la “political economy”) y menos reacciones viscerales como la de Juan (no confundir vísceras y sentido común). Algunas reacciones a sus comentarios: 1) “mucho más eficiente y racional hacerlo a nivel nacional que a nivel autonómico, como tantas y tantas cosas” ¿Cómo lo sabe? 2) “hay que acabar con todos estos organismos autónomos que replican el nivel nacional, sin aportar más valor que incrementar un gasto público que este país no puede permitirse” Si hay duplicación, también se puede evitar eliminando el nivel nacional. 3) “colocar a amigos, conocidos y familiares, en la más pura tradición autonómica.” El amiguismo también está presente en la tradición estatal ¿Hay algo intrínseco a las autonomías que facilite la colocación de amigos?

  • Muchas gracias a todos por los comentarios
    Outlander: No soy abogado pero básicamente los casos se asignan a las autoridades autonómicas cuando el daño ocasionado por la conducta anticompetitiva está limitado territorialmente a una única autonomía. Si hay efectos en varias autonomías el caso se asigna a la autoridad nacional. Por su parte el control de concentraciones corresponde en exclusiva al Estado. En este documento se explica el proceso de asignación de casos a las autoridades autonómicas o a la autoridad nacional :
    Carlos Jerez: Muchas gracias, ten por seguro que seguiremso escribiendo sobre el tema, como tú dices da para muchísimo más que un post.
    Elisa: Muchísimas gracias por compartir tu experiencia (negativa) sobre los tribunales autonómicos. La discrepancia es buena, precisamente estamos aquí para debatir e intentar entender un poquito mejor las cosas. Sólo una matización, el "excel" como tú le llamas está en perfecta consonancia con tus argumentos y tus percepciones. Es decir, en comparación con la CNC, los tribunales autonómicos tienen muy pocos expedientes y muy pocas sanciones en relación a su presupuesto .

    Manu, Juan, Outlander: En otros posts en Neg junto con Francisco Marcos he criticado ampliamente los excesos regulatorios de las comunidades autónomas. Sobre el debate centralización-descentralización hay pros y contras en la descentralización de las instituciones de defensa de la competencia como hay pros y contras de la descentralización de cualquier competencia del estado. De hecho, si os fijáis, los números que hemos recogido en el post (presupuestos, expedientes y sanciones) no hablan nada bien de la eficiencia de las autoridades autonómicas en relación a la autoridad nacional.
    Sin embargo ,estos números que hemos recogido son claramente insuficientes para poder afirmar que los tribunales autonómicos sobran. De ahí mi sugerencia a seguir el ejemplo de las autoridades de competencia británicas ya que ellas mismas elaboran una estimación de cuanto se han ahorrado los consumidores gracias a sus actuaciones y lo comparan con su presupuesto. De hecho, debido a vuestra insistencia, prometo intentar más adelante intentar hacer dicho estudio para algún tribunal autonómico concreto yo mismo y - si es posible- contaroslo en el blog.

  • Muchas gracias, Juan.

    Es lógico que nosotros, educados sabiamente en no hablar de religión ni de política en público, mostremos un respetuoso pudor ante el tema autonómico. Pero si no lo resolvemos hay muchas cosas de comer que se las va a llevar la riuá. Vamos, que se las está llevando.
    Aquí estamos muchos que provenimos de los mal llamados territorios históricos. Digo mal llamados porque precisamente son los más recientes y alguno hay fruto del despiste.
    Por ende, es irónico que con la excepción de los Sres Felgueroso y Fernández-Villaverde, que tengo por asturianos, el resto estamos unidos por la égida que creó el Al Andalus.
    Asturias y un trocito de la vecina Cantabria son los únicos territorios no reclamados por el Islam que está tranquilamente esperando a que caiga la fruta madura por pura demografía. Muy especialmente mi provincia, Guipúzcoa, hoy enfebrecida con fiebres identitarias propias de diván vienés ha sido necesariamente fielato de tránsito inmemorial con Aquitania lo que nos ha dado una gran mano para cambiar de chaqueta según conviniese. San Sebastián en 200 años ha pedido ser francesa (guerra contra la Convención), luego era mejor seguir siendo española si venían las infantas y traían mercedes, luego resistió el empuje de los navarros por llegar desde Vera de Bidasoa a un puerto de mar de verdad y hasta Franco, que premió a unas provincias y castigó a otras, supo entender que la pretensión requeté de alargar el viejo reyno hasta la playa de Fuenterrabía era una injusticia sin base histórica alguna.
    Pero hombre, si hasta mi calle ha cambiado de nombre cuatro veces en mucho menos de cien años. Esquizofrenia pura.
    Algún día quizás superemos las guerras carlistas y las banderas de taifa según sople el vent. El Vent. Haize.
    Supongo que, como unos cuantos colegas, estamos todos bastante puestos en el fenómeno y nos sabemos la historia de verdad, no la que ahora nos cuentan maestrillos que ignoran hasta sus raíces más familiares, las étnicas y si me apuran las lingüísticas.
    Por ello no voy a incidir en asunto tan polémico y donde imperan, más que la razón y la memoria fiel, la amnesia, la pulsión emocional profunda y la ficción a raudales, pero por ahí anda mi email por si alguno desease repasar el origen de su actual paradigma identitario. Es el hobby familiar.
    El caso es que hoy y por nuestro empeño colectivo en aplacar banderas de conveniencia nos hemos creado, como diría un castizo: un problemón del copón que grava nuestra economía organizativa y nuestra eficiencia económica a niveles que sorprenden a cualquiera incluyendo a los tenedores de nuestra deuda estatal.
    Me gustaría ver a Yorgos Papandreu explicar a la Sra. Merkel que desde Atenas no puede hacer nada en Macedonia y que para llegarse a Esparta tiene que pedir visado porque luego no le votan el presupuesto. Esto sí que son externalidades. Oye, ¿y si cuela?

    Un fuerte y fraternal abrazo identitario (todos somos copartícipes del agujero).

  • Gracias por su respuesta. Y gracias por insistir, hay que seguir asi.. tocando temas que se han olvidado por apuro y recato como dice Manu, pero no nos queda otra que seguir discutiendo hasta donde sea necesario....

    Confio mucho que este foro siga avanzando y no se nos estanque en las medidas ya propuestas... aun queda mucho por hablar y creo que no necesariamente necesiteis de un experto en "economia politica" (que no se lo que es eso??) para ello...

  • Juan, en primer lugar agradecerte tu respuesta y por supuesto el post. No puedo estar más de acuerdo en que es necesario profundizar en el debate. Pero sigo afirmando que es necesario plantear el debate en los términos correctos, y en este sentido lamento seguir discrepando sobre el planteamiento realizado en el post que sigo considerando que no es acertado, y que las conclusiones a las que llega no pueden derivarse del análisis realizado.

    La razón básica es que parto del supuesto de que esto no puedo considerarse un análisis de centralización-descentralización de un servicio como el sanitario. Esto es un caso de descentralización de un servicio, que por su propio naturaleza, y como tozudamente muestran los números en cuanto al escaso trabajo y número de expedientes que procesan las autoridades autonómicas tiene un ámbito estatal, y por tanto intuitivamente debería pensarse que es más eficiente mantenerlo al nivel estatal.

    En este sentido no se trata de comparar qué es mejor, si tener un órgano nacional que realiza una función o tener 17 órganos autonómicos que se reparten la función, como es el caso de la sanidad. No es eso. Se trata de comparar si es mejor contar con un órgano nacional que realiza el 100% de la función o tener un órgano nacional que realiza el ¿80%? de la función (disculpadme que no dedique el tiempo necesario a realizar este cálculo con exactitud) y 12 (por ahora) órganos autonómicos que realizan el restante 20% de la función al que debe sumarse un complejo sistema de asignación que dirime si un expediente debe gestionarse a nivel nacional o nivel autonómico. Dado que no es ese el planteamiento con el que se ha abordado el análisis en el post, de ahí mi afirmación de considerar que el planteamiento no es el adecuado y las conclusiones no puedo compartirlas.

    Los restantes ejemplos que planteaba (agencias de protección de datos autonómicas, ...) responden al mismo principio. Lamento que Vicente encuentre este razonamiento visceral y no encuentre adecuado que se dude de si es mejor prescindir de los 12 órganos autonómicos o del estatal. Solo puedo comentarle que simplemente no es factible prescindir del estatal porque dado que España "intenta" ser un mercado único, la mayoría de los casos de competencia tienden a tener ámbito nacional, y no autonómico. No se cuántos análisis son necesarios para llegar a la conclusión de que es mejor mantener el nacional y prescindir de los autonómicos. A mi me parece que realmente hacen falta pocos, pero por supuesto estoy abierto a escuchar otros argumentos que consideren que es necesario un análisis más profundo y detallado para alcanzar una conclusión sobre este y otros temas de organismos autonómicos similares.

    Para reforzar un poco la idea, voy a mencionar lo que con tanto acierto recoge el convenio firmado entre la CNC y el Principado de Asturias que con oportunidad menciona Roque en su comentario:

    "La aplicación de la normativa de defensa de la competencia requiere un conocimiento especializado en la materia y la inversión de importantes recursos económicos y humanos, por lo que, por motivos de eficacia, eficiencia y ahorro para el erario público, tanto la Administración del Principado de Asturias y como la Comisión Nacional de la Competencia han considerado conveniente la concentración de dicha actividad en este último organismo."

    Poco más puedo añadir. Si se me permite me gustaría añadir que estaría bien realizar estos análisis antes de tomar la decisión de descentralizar y no después. Por eso de ahorrar dinero al sufrido contribuyente.

    Sorprende que en un blog que con tanto acierto ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de preservar el mercado único como único medio de impulsar el desarrollo económico, se abra un debate tan "encendido" sobre el nivel (autonómico o nacional) que debe tener un organismo que vele por el buen funcionamiento de la competencia en el mercado. Sin entrar en grandes reflexiones suena un poco "extraño" (espero que no se encuentre visceral el calificativo de "extraño").

    Sobre el razonamiento visceral que menciona Vicente, me voy a permitir realizar algunas apreciaciones:

    1) “mucho más eficiente y racional hacerlo a nivel nacional que a nivel autonómico, como tantas y tantas cosas” ¿Cómo lo sabe?:

    Creo que he intentado dar algunas pinceladas, seguro que insuficientes para Vicente, pero lo he intentado.

    2) “hay que acabar con todos estos organismos autónomos que replican el nivel nacional, sin aportar más valor que incrementar un gasto público que este país no puede permitirse” Si hay duplicación, también se puede evitar eliminando el nivel nacional.

    Creo que he intentado explicar que en todos estos casos el nacional no puede eliminarse, con lo cual la única pregunta que cabe hacerse es si deben o no eliminarse los autonómicos.

    3) “colocar a amigos, conocidos y familiares, en la más pura tradición autonómica.” El amiguismo también está presente en la tradición estatal ¿Hay algo intrínseco a las autonomías que facilite la colocación de amigos?

    Creo que existe abundante literatura sobre este tema, que no es el asunto del post. Creo que para poder encontrar buenas soluciones es importante partir de la realidad. Disculpad que quizás me haya dejado llevar por el "espíritu 15M", pero es que la realidad machaconamente se empeña en mostrar que el estado autonómico ha traido un nivel de corrupción y clientelismo que no es fácil encontrar en el nivel nacional. Las razones que muchas veces se han esgrimido se encuentran en los procesos de selección de personal, profesionalización de la función pública en los diferentes niveles, mecanismo de adjudicación de contratos, mecanismos de control, ..., largo de contar y no es el objeto de este post. Pero la literatura sobre el tema creo que es abundante. En mi opinión conviene que a estas alturas, al menos no neguemos la realidad para poder encontrar y debatir sobre las soluciones. Disculpa Vicente si esto lo consideras "visceral".

    Y sin duda, no puedo sino lamentar que para una ocasión en que las CC.AA. parecen tomar el camino "correcto" de, a la hora de recortar gastos, en lugar de mirar a los servicios básicos de sanidad, educación, ..., miran a los servicios "muy discutibles" como son estos que estamos comentando, desde este blog se plantee como una decisión errónea.

  • Muy bueno el post Juan,
    aunque creo que la discusión "básica" no es, que podría, cual es el nivel adecuado de descentralización de los tribunales de Defensa de la Competencia (lo siento Manu). Creo que la discusión más relevante es de "nivel previo": ¿dedicamos o no un volumen de recursos adecuado a la Defensa de la Competencia en España? ¿tienen nuestros tribunales de defensa de la competencia suficientes “dientes”?.
    Creo que la existencia de tribunales de defensa de la competencia es básica y, además, es la forma más adecuada (en realidad la única) dentro de nuestro sistema económico de "racionalizar" el beneficio de las empresas.
    Me asombra y me indigna la tentación permanente de los políticos (socialistas de todos los partidos) a criticar/pretender regular/mediatizar de algún modo intervencionista los beneficios de las empresas (caso Telefónica recientemente). Olvidando (por ser amable, probablemente ignorando) que, tal y como se estructura la contabilidad, los beneficios empresariales son al factor capital, lo que los salarios son al factor trabajo. En realidad, una empresa no "gana dinero" por tener beneficios contables, con los "beneficios contables" se debe retribuir al capital (a su producto marginal) y el resto sería "beneficio económico" (en terminología Mankiw) “real” (vamos que decir que es indigno o inmoral o criminal o lo que sea que Telefónica tenga beneficios de X sin poner esa cifra en relación con el stock de capital que tiene invertido para conseguirlo es del género tonto … o sea, del género “político nacional”)
    Conviene recordar que en un supuesto de rendimientos constantes de escala, maximización de beneficios y competencia perfecta, el beneficio económico es nulo. Pues bien, los encargados de que se dé este deseable estado en lo que a competencia perfecta se refiere son los tribunales de defensa de la competencia.
    No deja de sorprenderme la cantidad de esfuerzo que políticos (y público de todo cuño) dedica a "demonizar" los beneficios contables y la poca/nula mención o apoyo a los tribunales de defensa de la competencia tanto en términos de dotación presupuestaria como de “poderío sancionador”. Se echa también de menos el respaldo político a estos tribunales cuando son "brutalmente" atacados (vease petroleras recientemente) por las empresas cuyos abusos denuncian.
    Creo que estaría intersante saber (más que el desglose central vs autonomías) cual es el coste total de nuestro "esfuerzo anticartel" (en cualquier nivel administrativo) comparado con otros países de nuestro entorno (entiendo que normalizado por el tamaño de la economía). ¿perseguimos lo suficiente a los tramposos?, conviene no olvidar la tendencia “innata” de las empresas privadas a recurrir a la colusión como medio de mejorar sus “beneficios económicos” (y por ende contables) y la incapacidad del consumidor, abandonado a su suerte, para defenderse adecuadamente de ese abuso.

  • José Pablo y Juan:
    Con respecto a las comparaciones internacionales tengo los presupuestos de las autoridades de competencia de cuatro paises: Portugal (2009) €10,1 millones; Holanda (2010) €45,9 millones; Francia (2009) 19,3 millones; UK (2010) €72,1 millones.
    Si como decía Jose Pablo lo normalizamos por el tamaño de la economía, por ejemplo según el PIB nominal en dólares proporcionado por el FMI, tenemos que por cada millón de dolares del PIB, el Reino Unido invierte alrededor de € 32 en defensa de la competencia, Holanda €59, Portugal €47 y Francia sólo €7,5. Si repetimos el ejercicio con el presupuesto de la CNC que daba en el post sale que España invierte en defensa de la competencia €9.5 por millón de dólares del PIB. Si tenemos en cuenta no sólo el presupuesto del a CNC si no además el total de presupuestos de los tribunales autonómicos que daba en la Tabla 1, España invierte €15,45 por millón de dólares del PIB. Es decir, que con la excepción de Francia, parece que estamos a años luz de lo que se gasta en defensa de la competencia en otros países vecinos. El problema que veo es que si se eliminaran las autoridades autonómicas, muy probablemente su presupuesto no iría a engrosar el de la CNC y como consecuencia gastaríamos aún menos en unas políticas que en mi opinión (y comparto plenamente el análisis de Jose Pablo) son muy necesarias para la economía española.

  • Efectivamente, ahora más que nunca son necesarias las autoridades de defensa de la competencia si queremos mejorar la competitividad de nuestra economía, así como el bienestar de la sociedad

    Los reguladores son necesarios y es necesario que sean diligentes y eficientes, y no sólo en al ámbito económico, estamos viendo los efectos de un problema de sanidad alimentaria está destrozando las cifras de negocio de todo un sector, por puro efecto contagio. Puede que el origen no esté en el productor, pero si así se confirma, la ley debe ser dura con los infractores y sus controles más serios y rigurosos, pues de lo contrario el mercado operará según su acostumbrado "animal spirit" en un tema tan sensible como este y se cometerá una profunda injusticia con los que sí operan profesionalmente

    Respecto en general a la gestión de las CCAA, el modelo, sobre el papel puede que adecuado, cada vez se está revelando como una receta para el desastre, apunto algunas derivas que, a mi juicio, tienen un efecto más negativo que positivo para el conjunto de los ciudadanos del país:

    a) Los niveles de clientelismo y despilfarro pienso que se agravan con la estructura actual, el hecho de que existan CCAA tan pequeñas como Cantabria, Asturias o Murcia, hacen que tengan el mismo entramado gestor que las grandes autonomías, perdiéndose completamente la economía de escala, y siendo una fuente masiva de empleo público ineficiente. Por otro lado ninguna renuncia a al menos 1 TV pública y la mayoría tiene varias, así como radios, periódicos y un alud de órganos suntuarios y de propaganda con costes estratosféricos

    b) La estructura de las inversiones en infraestructuras están perversamente lastradas por los sistemas de reparto "equitativo" entre CCAA (1 AVE para cada provincia, aeropuestos inútiles, etc..) y las "cuotas" de inversiones, sin tener en cuenta las necesidades globales estratégicas ni de competitividad del país

    c) Igualmente el desarrollo de infraestructuras básicas de Estado está sujeto a vetos, peajes, alteraciones, etc...muchas veces injustificados, por parte de las CCAA, en detrimento de la globalidad del Estado. No hablo sólo de los "sensibles" temas hidrológicos, sino de las redes de alta tensión, centrales generadoras, ferrocarriles de mercancías, etc....

    d) La movilidad laboral, como han puesto de manifiesto muchos y repetidos estudios, está lastrada, en el interior de España, aparte de los problemas de propiedad de la vivienda (herencia nefasta de la burbuja) en lugar destacado por lo que se percibe como las barreras idiomáticas/identitarias (lo dicen los informes, algunos del propio gobierno, no yo)

    e) El problema ampliamente debatido aquí del inmenso crecimiento legislativo/normativo/fiscal que supone, de hecho, una ruptura de la unicidad del mercado, que va en sentido contrario a los objetivos de la UE, y supone unos costes transaccionales inmensos más para las PYMES que para las grandes empresas que tienen más recursos

    f) El cambio radical del concepto del "nosotros" está desarrollando una suerte de guerra interna entre las CCAA con muy diferentes niveles de riqueza que se va a ir agravando con el tiempo debido a la crisis. Lo más curioso de esta dinámica es que éste ha sido en Europa tradicionalmente una aspiración de la derecha nacionalista de las regiones rica (Liga Norte Lombarda, etc...) pero en España es una de las aspiraciones más defendidas por la izquierda "progresista" y sus queridas balanzas fiscales. Si seguimos llegando a la pulverización de esta tendencia podemos llegar, por ejemplo, a que los habitantes de la Moraleja pretendan que se invierta en su barrio todos los impuestos que pagan y no están dispuestos a que salga un céntimo, por ejemplo, para Vallecas (me gusta exagerar)

    g) Como Manu ha indicado en alguna ocasión, contrasta la presión de los mercados a la deuda pública global de España con el nulo compromiso que están exponiendo las CCAA a la hora de atajar el déficit, con trampas y excusas de todo tipo, emitiendo deudas, maquillando balances, ignorando las consignas del Estado (ver las querellas del Estado por las recientes convocatorias de plazas de funcionarios recientes en varias autonomías violando todos los acuerdos tomados por el Estado), asegurando que son "otros" quien tienen que hacer el ajuste y no ellos que son "expoliados" por los "otros", etc...

    h) No hay que despreciar la actividad de las CCAA a la hora de inflar nuestra inmensa burbuja inmobiliaria, pues son los gestores últimos del suelo y de las Cajas de Ahorro, y yo pienso que las "profundas" relaciones de proximidad con los beneficiarios de la burbuja se da más a nivel regional que estatal

    Mi opinión es que, en general, y ahora en la crisis se está viendo más y más claro que el papel de las CCAA, en su formato actual, a nivel global, no es, ni ha sido, socio-económicamente positivo, de los temas "sentimentales" no hablo, pues el algo muy personal y subjetivo

  • Buenas noches, Juan.

    Todos los que hemos comentado estamos de acuerdo en lo que, en resumidas cuentas, dicen tus posts sobre el tema. Que un buen nivel de competitividad es muy importante y que dados los enormes incentivos de trabajar en pro de la oligopolización es necesario que la sociedad se proteja usando, entre otros medios, los tribunales y comisiones de defensa de la competencia.
    Además, estando de acuerdo en su necesidad y –en general-- en el ámbito territorial nacional, no parecemos estar en condiciones de juzgar si un mayor nivel de gasto en estas entidades resulta en más competitividad. Mucho menos en determinar si dada la actual simbiosis entre productos y servicios públicos y privados estos órganos tienen campo para ser muy efectivos.
    Por mi larga experiencia personal me ha tocado vivir de cerca las penurias y dificultades experimentadas por algún vocal de dicha comisión nacional que se llegó a creer su función ante the powers that be. No tardó mucho en volver a su ocupación habitual.
    Por otra parte creo que las autonomías son un gran freno a la competitividad y a la movilidad por motivos de todo orden ante los cuales estas instituciones no pueden operar. Este efecto es mucho más nocivo para nosotros que el bundling de software de Microsoft.
    Podría poner muchos ejemplos concretos. Desde diferentes actitudes discrecionales y arbitrarias ante leyes estatales (en otorgamiento de licencias, por ejemplo) hasta el sometimiento de un gobierno autonómico a peticiones o exigencias de su partido en favor de empresas protegidas por alguna federación autonómica o partido confederado provenientes de otras autonomías. De éstas a montones. Todavía hoy día el ayuntamiento de San Sebastián se niega a dejar abrir al Corte Inglés en la ciudad. De este modo pagamos el peaje a Bilbao un par de veces al año. Otro estímulo recaudatorio y keynesiano, supongo.
    Incluso entre países la cuestión es muy compleja.
    Pongamos UK, con una cultura bastante “freemarket”. Pues incluso hoy, fuera de Londres, la industria de retail banking (la que usamos las empresas no emormes y las personas físicas) brilla por su oligoplización. Muy difícil encontrar pueblos con más de dos bancos y lo mismo o peor sucede en Alemania, Holanda y, cómo no, Francia.
    Esto explica su opulento nivel de gastos generales y que nuestros bancos estrella, BBVA y Santander, criados en un mercado muy competitivo, no tengan rival y puedan rentabilizar cualquier dquisición simplemente reduciendo sus gastos generales al nivel de la nueva matriz.
    Tema muy importante, efectivamente. Pero se puede llegar a Roma por muchos caminos. O no llegar nunca.
    A nosotros debiera preocuparnos mucho el número de entidades de nuestro IBEX 35 que en realidad sobreviven de prestar un servicio público en régimen de protectorado oligopólico de uso obligatorio. También esto incide en los niveles de iniciativa y empleo.
    Un saludo y gracias por la oportunidad de compartir.

    PD. Agradecería buenas referencias académicas --no ideologizadas si fuera posible-- sobre cómo se gestionaba durante las distintas épocas del Gold Standard.

  • Como Elisa, es una de las pocas veces en que me sorprendo en desacuerdo con uno de vuestros posts. Y a pesar de que creo en muchas de las bondades del sistema autonómico, este (Las Comisiones de Competencia) es uno de los campos donde a mi juicio tiene poco sentido la proliferación de "réplicas autonómicas", al menos al modo en que están operando actualmente. Es cierto que aunque a nivel conceptual pueda estar de acuerdo con ciertos puntos del análisis expuesto, este temano puede analizarse tan parcialmente. Sería necesario analizar muchos otros datos como:
    - ¿qué % del presupuesto de cada Comisión (nacional o autonómica) se gasta en sueldos? ¿Cuánto cuesta un trabajador en cada una de ellas? O simplemente descomposición del presupuesto para cada Comisión. Lo digo por ejemplo porque acabo de leer que sólo el Pte de la C. de Galicia cobra 55 k€ este año (vs 67 k€ el pasado) y el ppto total en Galicia es de 560 k€ para este año.
    - Habría que analizar que tipo de publicaciones emanan de la CNC y de las autonómicas: alcance, relevancia, etc. Lo digo porque en ocasiones se "trascriben cuasiliteralmente" publicaciones de la Comisión Nacional que han sido "adaptadas" para justificar a nivel regional un trabajo o el empleo de un presupuesto.
    - Qué formación tienen los trabajadores de la distintas Comisiones; Porque se observa también como las Comisiones regionales acuden a la CNC a menudo en busca de apoyo técnico.
    - Quién realiza los informes en cada una de las Comisiones; Porque no es lo mismo en términos de costes que lo realicen funcionarios cualificados a que se subcontraten consultoras externas, etc etc.
    Es decir, ojalá España estuviese en la posición de poder permitirse todos órganos de Competencia del mundo, pero dado que no es así es necesario racionalizar recursos. No puede ser que en la CNC haya personas que no tienen tarjetas de visita porque no hay presupuesto, mientras que en algunos Órganos regionales de competencia haya presupuesto para utilizar coches oficiales, etc etc. En conculsión, este tema concreto, por las particularidades del área, necesita mucho más análisis que el que pueda desprenderse de un excel. Y sin duda necesita hablar con personas que directametnte trabajan en dichas Comisiones/Órganos de Competencia para entender la realidad del día a día.

  • Comparto la opinión de Juan, Elisa y algún otro (entiendo que Roque va por la misma línea...). No acabo de comprender la conclusión del artículo cuando todas las evidencias, incluyendo las propias del autor (¿?), conducen a que estos organismos son ineficientes. Por resumir mi opinión en pocas palabras, el actual modelo autonómico es económicamente inviable y, o bien lo reformamos para que gane en eficiencia pueda sobrevivir (lo que pasa por medidas de alcance nacional) o bien se nos va a ir cayendo delante de los ojos en no mucho tiempo.

    Un saludo

  • Juan Santaló, de nuevo muchas gracias por tu respuesta.

    Por supuesto comparto el diagnóstico que ha realizado Jose Pablo y que tú has mostrado perfectamente con la comparativa internacional, pero creo que el volumen de gasto no tiene en estos días demasiada "buena prensa" como indicador de eficiencia y eficacia. No creo que ahora podamos pedir que haya que gastar más, sino que hay que gastar mejor lo que tenemos (disculpad por el uso de una frase tan manida y gastada). Si parece que existe un acuerdo mayoritario en que el modelo de descentralización para las autoridades de defensa de la competencia autonómicas no introduce sino ineficiencia y mayor coste en el sistema, no veo ninguna razón para mantenerlo, aún cuando se corra el riesgo de perder ese presupuesto. Una organización ineficiente nunca compensa.

    Que se supriman estos organismos autonómicos, y ello permitirá después exigir con mejores argumentos mayores recursos para la CNC, que es lo realmente necesario. Cualquier otra alternativa me parece poco acertada, porque mi valoración personal es que los recursos dedicados a los organismos de defensa de la competencia autonómicos aportan muy poco valor (las apreciaciones de DFC sobre el coste de un "presidente" frente al presupuesto del organismo creo que aportan alguna idea interesante sobre este particular) y mucha ineficiencia.

  • Totalmente de acuerdo con Juan y Manuel Sarachaga. Lo que puedo aportar al debate es que en general estos organismos se preocupan mucho más de los directivos de "campanillas" (con buenos sueldos, coches, gastos de protocolo, etc) que de la selección de su personal técnico, por otra parte no necesariamente seleccionado por oposición, lo que tal y como está el patio supone una cierta garantía frente al amiguismo y el clientelismo. Por lo menos en el caso del Tribunal de Madrid, que es el que conozco.

    En cuanto a los sueldos de los directivos: en el caso de Madrid el primer Presidente fué Carlos Bustelo, que había salido de la CMT por discrepancias con la decisión de trasladar esta sede a Barcelona (otro tema de cuyo coste se podría hablar largo y tendido) por lo que había de ser un cargo de campanillas. De la misma forma se decidió que el Secretario General (emulando a la CNC) fuese un Abogado del Estado, por lo que me imagino que la retribución sería acorde a lo que los funcionarios de este Cuerpo (al que pertenezco, no me entiendan mal) podrían recibir en otros puestos de la Administración. Con esto lo que quiero decir es que las decisiones sobre estructura, sueldos, coches oficiales, sede, despachos, etc se adoptaron por este tipo de razones y no tienen ni poco ni mucho que ver con el número de expedientes, importancia de las funciones a desarrollar, es decir, necesidades reales básicamente porque estas necesidades no existían.

  • Hablando de analizar gastos autonomicos de dificil justificacion, me gustaria saber que opinais en vuestro excelente blog sobre la existencia de 1 instituto nacional de meteorologia y 3 autonomicos compitiendo con recursos publicos contra pymes privadas. Es asi como se construye un pais competitivo?

  • En primer lugar, gracias Juan por “situar” el debate de la descentralización del sistema de competencia en un foro como éste. En segundo lugar, debo dejar claro que formo parte de un órgano autonómico de competencia y, por lo tanto, soy parte interesada en el debate aunque espero que esta circunstancia no me impida la objetividad. Vaya por delante que se trata de una opinión personal como no puede ser de otra forma.

    El debate sobre los pros y contras de la descentralización era previsible en el momento que se produjo y es inevitable que reaparezca de forma intermitente y especialmente en momentos de contención del gasto como el actual. No obstante, lo más probable es que, como casi todo, tenga ventajas e inconvenientes y que, por ello, sea difícil consensuar una posición única.

    Dicho esto, creo que, en general, todos los participantes en el debate estamos de acuerdo con los dos primeros puntos del post, es decir, que “la defensa de la competencia aumenta la productividad de las empresas” y que “las instituciones de defensa de la competencia aumentan el bienestar de los consumidores”. Sin embargo, la cuestión fundamental aquí planteada es si los órganos de competencia autonómicos son suficientemente eficientes como para justificar su existencia o si, por el contrario, sería mejor suprimirlos y que la CNC se encargara de la defensa y la promoción de la competencia en la totalidad del territorio nacional.

    Aunque la CNC dispone de importantes recursos económicos y humanos, éstos son limitados y para que pueda hacer un uso más eficiente de los mismos el papel de los órganos autonómicos puede ser importante. Me explico: en todos aquellos casos en los que la restricción (potencial) de la competencia se produzca principalmente en una comunidad autónoma, la asignación de estos casos a los órganos autonómicos permite, indirectamente, una reducción de la carga de trabajo para la CNC y, en consecuencia, un aumento de la eficiencia del sistema en su conjunto.

    Por otro lado, más allá de la idoneidad de las ratios de la Tabla 1 utilizados para realizar este análisis (que es bastante cuestionable aunque también entiendo que no existen medidas alternativas fáciles de calcular), se debe tener en cuenta que, por lo general, la CNC dispone de una mayor experiencia que los órganos autonómicos, no sólo por su antigüedad sino, sobre todo, por la tipología y variedad de casos y sectores que ha analizado en sus años de funcionamiento. Aunque alguien podría argumentar que esto es motivo suficiente para demostrar su mayor eficiencia, en realidad, ello consistiría en un análisis demasiado estático ya que no se estaría teniendo en cuenta la eficiencia del conjunto del sistema a medio y largo plazo una vez los órganos autonómicos hayan adquiriendo más experiencia y conocimiento sectorial. De hecho, en los últimos años, el número de posibles infracciones analizadas ha aumentado y la homogeneidad de criterio en los análisis y resoluciones es elevada, probablemente debido a que hay un alto grado de cooperación e intercambio entre autoridades de competencia, cosa que permite rentabilizar la experiencia y nivel técnico de la CNC.

    También se debe considerar que la proximidad de los órganos autonómicos de competencia a la actividad económica y a sus agentes así como la facilidad para establecer relaciones con el resto de la administración regional y local permite un mayor conocimiento de la realidad en la que se enmarcan los expedientes sancionadores así como los informes de regulación y estudios sectoriales.

    Por último, tal como menciona el propio post, los órganos autonómicos de competencia no sólo se encargan de la defensa de la competencia sino también de su promoción mediante la elaboración de informes de regulación, estudios y análisis sectoriales. En realidad, con la descentralización se ha multiplicado el número de estudios sobre el funcionamiento de los mercados sectoriales o subsectoriales, circunstancia que permite acumular conocimiento experto y detectar indicios de mal funcionamiento que permiten actuar de oficio. Además, debido a la proximidad de estos órganos, se ha incrementado el número de informes sobre normas autonómicas y locales que persiguen una mejora de la regulación y actuación de la administración pública. El hecho de que tanto los estudios como los informes sean públicos permite la difusión de la cultura de la competencia y generan un debate obligado a favor de actuaciones procompetitivas en ámbitos infranacionales.

  • Anna,

    Gracias por tu interesante contribución, por su claridad, y especialmante dado que viene desde dentro de una de estas autoridades autonomicas.

    Debo reconocer que tras leerla, no me he tranquilizado nada sobre el papel de los organismos de defensa de la competencia autonómicos. Más bien he sentido una sensación de total desasosiego ante tus últimas frases: "Además, debido a la proximidad de estos órganos, se ha incrementado el número de informes sobre normas autonómicas y locales que persiguen una mejora de la regulación y actuación de la administración pública." Esto sinceramente en ámbitos de competencia ma hace levantar todas las alarmas. No me extraña que existan multinacionales que desistan cuando quieren establecerse en España y se informan sobre el curioso sistema del que disfrutamos en el que hay normas y regulaciones autonómicas que cambias los criterios en los que pueden competir las empresas, y el desconcierto cada vez más creciente incluso entre los abogados, de ya no saber qué norma debe aplicarse, y la inseguridad de no tener claro de si al intentar trabajar en el ámbito de toda España estaré cumpliendo todas las normas de todas las autonomías, cosa que cada vez es más difícil llegar a saber ... creo que no queda mucho para empezar a pedir que lo mejor que pueden hacer los parlamentos autonómicos es legislar cuanto menos, mejor. Disculpad el exceso visceral.

    Sobre otros puntos que comentas, ya se han tratado con profusión en las diferentes respuestas. Es perfecto que la CNC pueda, si está sobrecargada de trabajo, pasar asuntos a las autoridades autonómicas. Pero sería aún más perfecto, si en lugar de esto, simplemente se asignasen más recursos a la CNC. Más eficiente, más rápido, más barato, mejores resultados.

    El argumento de la proximidad, también me resulta cada día más difícil de asimilar. A pesar de la sobreexposición una y otra vez a este argumento en cualquier ámbito de discusión, ... en el año 2011 ¿ consideramos que está más próximo Sevilla a Cádiz o Huelva que lo que puede estar a Guadalajara ? ¿ Pero hablamos de kilómetros o de facilidad de hacer un análisis de competencia?. ¿En la era de Internet, el correo electrónico, .... ? ¿La CNC tiene más dificultades para hablar con la Junta de Andalucía que el TDC andaluz? ¿Por qué? ¿No le van a coger el teléfono quizás?. A mi me parece que los problemas de competencia en Málaga tendrán el mismo parecido con los de Córdoba, que los que puedan tener con los de Guadalajara, con lo cuál esta ventaja de la proximidad, no por tantas veces repetida, le acabo de encontrar ninguna razón con una base sólida, eso sí, partiendo de la base de que el principio básico por el que debería velar estas autoridades de competencia, todas, es por el principio de unidad de mercado. Ya me caben bastantes dudas de que esto esté siendo así.

    Estos tribunales son un "lujo asiático" (ya puestos mejor TDC en cada provincia ....) . Soportables en épocas de esplendor, pero una auténtica provocación cuando estás recortando en otros temas realmente importantes, aunque sea el "chocolate del loro" como comentó Manu.

    Mi opinión, sigue siendo básicamente la misma. Los TDC autonómicos nunca debieron crearse, y cuanto antes desaparezcan mejor. Y viendo que defender lo para mi "muy evidente" lleva tanto esfuerzo, quizás deba ganar fuerza la opción de Manu Oquendo, y haya que tirar abajo todo el modelo autonómico para volver a replantearlo desde el principio con menos prejuicios y más racionalidad económica, porque si las mínimas revisiones requieren grandes discusiones, las revisiones a fondo y de verdad para que pueda ser sostenible, no se como ni cuando van a ser posibles.

  • - No deja de ser curioso (¿divertido?) que el meno nivel de gasto por unidad de PIB en las economías europeas sea en Francia, país de industrías macroprotegidas ... tal vez no sea tan mal indicador.
    - De acuerdo con los comentarios que apuntan que el nivel de gasto en CNCs varias por unidad de PIB no es medida de "calidad" de las comisiones ¿alguna sugerencia alternativa? (¿volumen de multas? ... no sé, una CNC buena es la que las evita, no las que las pone ... ¿¿??)
    - Manu, el argumento sobre fragmentación de mercado y falta de sentido de "organismos autonómicos de la competencia" (que dios me libre de no estar de acuerdo eh? ... la lista de "institutos" para las ecovariedades más imaginativas es, en algunas autonomías que te son familiares, de chiste), pero si tu argumento es válido ¿no tendría entonces más sentido organizar estos tribunales a nivel europeo? o incluso, por qué no, mundial.
    Un sólo Banco Central Europeo
    Una sóla Comisión Europea de la Competencia
    - No deja de ser curioso (¿divertido?) que el menor nivel de gasto por unidad de PIB en las economías europeas se dé en Francia, país de “industrias macroprotegidas” ... tal vez no sea tan mal indicador.
    - De acuerdo con los comentarios que apuntan que el nivel de gasto en “CNCs europeas” por unidad de PIB no es medida óptima de intensidad del esfuerzo “anticolusión” … ¿alguna sugerencia como alternativa? (el volumen de las multas no me gusta porque una CNC buena es la que evita la tentación y donde hay multas es porque hay delito ... ¿¿??)
    - Manu, el argumento sobre fragmentación de mercado y falta de sentido de "organismos autonómicos de la competencia" (que dios me libre de no estar de acuerdo eh? ... la lista de "institutos" para las ecovariedades más imaginativas es, en algunas autonomías que te son familiares, de chiste), pero si tu argumento es válido ¿no tendría entonces más sentido organizar estos tribunales a nivel europeo? o incluso, por qué no, mundial.
    Un sólo Banco Central Europeo (¿para qué sirven ya los nacionales?)
    Una sóla Comisión Europea de la Competencia (¿no hay un mercado único?)
    Una sola Comisión Europea de Telecomunicaciones (¿no cambio moneda pero necesito “roaming”?)
    Un sólo gobierno Europeo
    Las economías de escala parecen evidentes.
    Es claro que los políticos (la "casta") son una plaga y un problema (un clamor en encuestas del CIS, blogs, plazas de España…) , si admitimos (vale "pulpo como animal de compañía") que son una plaga “necesaria” ... mejor tener los mínimos imprescindibles ¿no? ... si el argumento sirve para autonomías vs estado ¿por qué no habría de servir para estados vs europa? ¿no? ... imaginad los ahorros!! y la "desfragmentación" de mercados ...
    vamos, que detener esa "belicosidad" en el nivel autonómico me parece un prejuicio ... creo

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