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¿Hay que suprimir las autoridades autonómicas de defensa de la competencia?

Recientemente la prensa se ha hecho eco de la noticia que tres Comunidades Autónomas (Madrid, Castilla la Mancha y Castilla León) estaban considerando eliminar los Tribunales de Defensa de Competencia autonómicos para reducir gastos.(Ver la noticia , algún comentarista había planteado ya antes la conveniencia de una mayor transparencia y responsabilidad del Tribunal de Madrid, ). ¿Sería una buena medida? En este post analizaré sucintamente algunos puntos para ayudar a evaluar el potencial acierto o desacierto de la misma.

1. La Defensa de la Competencia aumenta la productividad de las empresas

Como se ha discutido ampliamente en este blog, España necesita de manera imperiosa aumentar su productividad. Tal como argumentaba Samuel Bentolila hay bastante evidencia que una mayor competencia en el mercado incrementa la productividad de las empresas. Desde esta perspectiva, lo que necesitamos precisamente ahora en este país es más (en vez de menos) recursos invertidos en instituciones que promuevan y vigilen la competencia en los mercados. Por otro lado es inquietante la percepción que las instituciones de defensa de la competencia “sobran” en tiempos de crisis que podría sugerir la noticia que suscita este post. Una percepción análoga se ha visto reflejada en una sentencia aberrante del Tribunal Supremo que permite un cártel explícito por parte de los productores de aceite de oliva que se fundamenta principalmente en la crisis que padece el sector. (ver el post de Francisco Marcos sobre este tema aquí.)

2. Las Instituciones de Defensa de la Competencia aumentan el bienestar de los consumidores

Hay estudios que muestran un impacto beneficioso para los consumidores directamente ligado a las acciones de las instituciones que velan por la libre competencia. Por ejemplo, la Office of Fair Trading (OFT) en el Reino Unido estima que sus acciones en los años 2007-2010 han conseguido un ahorro para el bolsillo de los consumidores que multiplica siete veces su presupuesto. (Ver el estudio ). Es decir, por cada libra que le cuesta al contribuyente inglés el mantener operativa la OFT los consumidores consiguen un ahorro de siete. Quizás este tipo de trabajos en los que una institución tiene que justificar su propia existencia no sean demasiado creíbles pero están hechos con rigor y ánimo de seriedad y, lo más importante, son transparentes en su metodología; aunque es cierto que están basados en multitud de suposiciones que aunque razonables pueden ser más o menos discutibles.

En cambio, este artículo de estima de manera independiente y más rigurosa un impacto positivo de las instituciones de defensa de la competencia en un ámbito mucho más acotado, en el mercado de las vitaminas. En esta industria operó un cártel mundial en el que prácticamente todas las empresas productoras pactaban para fijar los precios país por país. Pues bien, los autores muestran como en aquellos países con instituciones de defensa de la competencia activas, el cártel fue mucho más moderado al subir los precios que en aquellos países sin este tipo de instituciones. En el caso de España, el artículo calcula que los consumidores españoles ahorraron alrededor de 18 millones de dólares al año debido al efecto disuasorio del Tribunal de defensa de la competencia español sobre la conducta del cártel. Dado que el presupuesto medio del Tribunal esos años fue de 1,15 millones de euros anuales, se deduce que el ahorro para el consumidor español de vitaminas superó en varias veces el presupuesto total de la autoridad de defensa de la competencia española. Otros estudios que han medido el impacto de estas instituciones en disuadir prácticas anticompetitiva es el de Barros, Clougherty y Seldeslachts () y el de Sidak, Block y Nold ().

3. ¿Crean valor los Tribunales de Defensa de la Competencia Autonómicos?

Los dos puntos anteriores no implican necesariamente que los recursos destinados a las autoridades autonómicas de defensa de la competencia estén bien empleados. Pudiera ser el caso que los tribunales autonómicos no estén cumpliendo adecuadamente su función; o que lo estuvieran haciendo de manera ineficiente y por tanto fuera mejor asignar esos recursos directamente a la autoridad nacional. Para intentar esclarecer algo esta cuestión Angélica Mejía me ha ayudado a recoger datos sobre presupuestos y actividad de todos los Tribunales Autonómicos de los que ha sido posible encontrar información en internet y los hemos comparado con el presupuesto y actividad de la Comisión Nacional de Competencia (CNC). La Tabla 1 recoge este análisis.

Tabla 1

Ver nota al pie (*) al final del artículo para más detalles de construcción de la Tabla

La Tabla 1 muestra como el presupuesto de los tribunales autonómicos oscila entre los 197 mil euros de Castilla la Mancha y los tres millones de euros de Andalucía. Por su parte la CNC tiene un presupuesto de alrededor de 13 millones y medio de euros. Para intentar comparar los presupuestos con el nivel de actividad, las dos últimas columnas de la Tabla muestran respectivamente el ratio resultante de dividir el presupuesto por el número de expedientes entrantes así como el ratio de presupuesto por sanción en euros. Como advertencia, hay que resaltar que las autoridades de defensa de la competencia ejercen otras actividades que no se ven reflejadas ni en el número de expedientes sancionadores ni en las multas. Por ejemplo se encargan la promoción de los principios de la defensa de la competencia así como de la elaboración de informes sectoriales y la respuesta a otras consultas que se les planteen. Por ello, las cifras de la Tabla 1 pueden estar infravalorando el nivel de actividad de algunas instituciones autonómicos.

Teniendo en cuenta esta advertencia, las cifras de la Tabla 1 muestra como tanto en presupuesto por expediente como en presupuesto por sanción la mayoría de autonomías tiene unos ratios muy superiores a los de la autoridad nacional, especialmente cuando tenemos en cuenta la actividad sancionadora. La única excepción es Castilla La Mancha, que con 50 mil euros por expediente tiene un ratio por debajo del de la CNC. Aún siendo conscientes de que estamos utilizando unos indicadores imperfectos de la actividad de estas instituciones, estos números indicarían que, en su mayoría, los tribunales autonómicos realizan su función con un nivel de efectividad mucho menor en relación al nivel de la CNC.

Sin embargo, no conviene olvidar que la multa no es el único indicativo de la eficiencia de estas instituciones. Lo cierto es que pueden existir problemas de competencia en mercados locales que reclamen el pronunciamiento de las autoridades autonómicas en la materia, sin conllevar multa alguna. Por eso, frente a la alternativa de suprimir estas instituciones, quizás pueda plantearse la conveniencia de fusionarlas con otras existentes a nivel autonómico encargadas de la aplicación de las normas en materia de protección de los consumidores. Como ocurre con las autoridades de defensa de la competencia en otros países (señaladamente a nivel federal en EEUU, con la Federal Trade Commission, y en el Reino Unido, con la OFT, pero hay otros ejemplos) pueden derivarse eficiencias de la aplicación por una misma institución de las normas de competencia y de consumo y eso podría ayudar a encontrar un encaje y una justificación más razonable de las autoridades autonómicas de defensa de la competencia en nuestro país.

Conclusión

En suma, el recorte en recursos destinados a instituciones que defiendan la competencia en el mercado no parece justificado ante la evidencia que estas instituciones no sólo mejoran el bienestar del consumidor sino que además nos pueden ayudar a ser más productivos. La defensa de la competencia no sobra en tiempos de crisis sino que es muy probablemente aún más necesaria(como ha recordado el presidente de la propia CNC en los albores de la crisis ). Después de un vistazo muy rápido a los números que hemos podido recopilar, no está claro que los tribunales autonómicos estén cumpliendo su función de una manera marcadamente inferior a como la hace la CNC. Antes de tomar medidas como eliminar tribunales de defensa de la competencia autonómicos, parece imprescindible cuanto menos realizar un estudio de impacto - tal como hace la OFT en el Reino Unido- que intente estimar las ganancias para el bolsillo del consumidor de las actuaciones de cada tribunal y lo compare con su presupuesto. Sólo así podremos estar razonablemente seguros que estas medidas de ahorro no son pan para hoy y hambre para mañana.

(*) Notas sobre la confección de laTabla 1: El número de expedientes entrante es recogido del período que va del 1 de Septiembre al 31 de Agosto del año que se menciona; el presupuesto de las CCAA y las sanciones sin embargo correponde al año natural,